Los jueces rechazan la petición de las defensas de los encartados de que les variara la medida de coerción.
La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener la prisión preventiva a tres oficiales imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G en atención al pedimento del Ministerio Público
Los afectados con la decisión del tribunal son el general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN) y el coronel (FARD) Yeudy Blandeamil Guzmán Alcántara.
Los jueces Pedro Sánchez Rivera, presidente; Daniel Julio Nolasco y July Tamariz decidieron mantener la medida privativa de libertad luego de rechazar la petición de las defensas de los encartados.
El tribunal de alzada desestimó los recursos en virtud de que no han variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, la que calificaron de idónea y proporcional en función de la complejidad de los hechos.
También consideraron la causa probable que han arrojado evidencias razonables sobre la eventual vinculación de las personas en proceso de investigación, así como la naturaleza de las imputaciones y el posible grado de lesividad a resarcir, tratándose de acciones que conciernen al interés general y al orden público.
Respecto de la decisión el procurador adjunto Wilson Camacho explicó que la misma se debió a que “nuestros procesos nosotros los construimos blindados”.
“Nosotros construimos procesos con rigor científico; nosotros construimos procesos con los más altos estándares de calidad, y esos procesos son capaces de soportar cualquier embate de cualquiera de las defensas”, afirmó Camacho
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que en esta apelación la defensa de los imputados no presentó al tribunal ninguna razón para variar la prisión preventiva. “No se le presentó ningún motivo que fuera suficiente como para que el tribunal anulara la decisión que conoció esta medida de coerción”.
Enfatizó en que “fue una decisión, incluso, bastante amplia en la que la juzgadora detalló las razones individuales por la que se impusieron las medidas de coerción; una decisión correcta y en consecuencia en esa dirección decidió la corte y es una decisión que a nuestro juicio es apegada a derecho”.
El equipo que representó al Ministerio Público también estuvo integrado por Nancy Guerrero, María Melenciano, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
