Los procesos judiciales se tornan interminables con un reenvío tras otro, venciendo al sistema por cansancio.
Luís Abinader pronto cumplirá dos años en el poder sin que hasta la fecha ningún expediente de corrupción haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Me temo que el gobierno llegará a los dos años, a los tres, hasta concluir el periodo constitucional sin que nadie haya sido condenado definitivamente. La frustración popular será enorme.
Probablemente Abinader se reelija cuatro años más. terminaran esos cuatro años, y, seguramente el “debido proceso” que involucra a los políticos ladrones de los pasados gobiernos, no se haya agotado. Pasó lo mismo cuando Hipólito Mejía en el 2000. Sometió a la justicia y logró la prisión de una buena parte de los funcionarios del primer gobierno del PLD que encabezó Leonel Fernández. Con el tiempo quedaron absueltos. Y por ahí andan disfrutando sus fortunas.
Los procesos judiciales se tornan interminables con un reenvío tras otro, venciendo al sistema por cansancio. Los expedientes se olvidan, en algunos casos se archivan, que es más o menos lo mismo, como ha sucedido. Como dijera el magistrado Jorge Subero Isa en el programa de televisión “Nosotros a las 8”, todo depende de la capacidad de incidental los procesos que tengan los buenos abogados que contratan los imputados. Al final la impunidad se impone. El “borrón y cuenta nueva” termina imponiéndose de un modo o de otro. ¡Penosamente!
Esa situación explica de algún modo porque el gobierno ha decidido “negociar” con algunos implicados en corrupción o enriquecimiento ilícito para tratar de recuperar altas sumas de dinero. El consultor jurídico del poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, habla de 40 mil millones de pesos. ¡Ojalá! Podrían ser cien mil o doscientos mil millones, a juzgar por todo lo que se robaron los peledeístas durante 20 años. Pero bueno, ni modo, es mejor algo que nada…
El expediente de Odebrecht tiene siete años en los tribunales. Ni estaban todos los que eran, ni están todos los que son. El expediente de los Súper Tucanos está en el limbo, al igual que muchos otros.
Un prestigioso y honorable abogado, como lo es Jorge Luís Polanco, está al frente de un grupo de juristas buscando la manera de recuperar 20, 40 o 50 mil millones, dentro del marco de la ley. ¡Ojalá, Jorge Luís!
Aclaro que esas negociaciones están contempladas en nuestro sistema judicial, al igual que en otros países incluyendo Estados Unidos. Un presunto corrupto preso al que no se le puede probar su culpabilidad en un tiempo razonable, aunque estemos convencidos que es culpable, es un problema. O que el proceso sea interminable por la capacidad de incidental los procesos judiciales de los abogados, tiene un costo muy alto para el Estado.
Por otro lado, el gobierno necesita dinero para construir escuelas, universidades, hospitales, etc. Tiene cierta lógica la negociación penal. El Estado puede recuperar una determinada cantidad de recursos a cambio de una prisión abreviada, incluso domiciliaria. Algo así.
De todos modos, mis amigos, el gobierno está ante una situación difícil. El presidente Abinader terminará su mandato sin haber cumplido su promesa de justicia, no por falta de voluntad, sino porque el sistema se lo impedirá. La justicia no cambia porque la Procuradora Mirian Germán, Yani Berenice y Wilson Camacho sean independientes. También ellos -personas idóneas, honestas y capaces- forman parte del sistema, fueron formados dentro del sistema. No están al margen, ni pueden estarlo.
Hay que rehacer, de arriba abajo, el Sistema de Justicia. Necesitamos otro Estado, otra Constitución, otros códigos, otra sociedad con otra cultura, etc. No es una cuestión de forma, mi querido y admirado presidente Abinader, es de fondo. Con el modelo actual no es posible una justicia independiente y libre donde no haya “vacas sagradas”.
