Lo he dicho muchas veces: el sistema judicial dominicano está estructurado para garantizar la impunidad.
¿Qué pasa cuando un imputado no tiene nombre, apellido de alcurnia, de esos que aterrorizan generales, fiscales y jueces, cuando no tiene dinero para pagar un buen abogado que lo defienda, ni poder mediático para crear una corriente de opinión favorable? ¿Qué pasa cuando el acusado es un pobre diablo sin poder político, económico y social? ¿Qué pasa cuando el imputado es inocente? Sencillamente se jodió, terminará arrinconado y olvidado en una cárcel llena de presos, hacinados, donde perderá, no solo su libertad, sino su virginidad y dignidad. (De las casi 27 mil personas privadas de libertad, más del 62% son preventivas).
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Y si para su “buena” suerte le imponen una medida de coerción menor, como cárcel domiciliaria o visita periódica, también se joderá porque no podrá trabajar para mantener a su familia, si es que no lo cancelan o “desvinculan”. (No podrá pagar la casa, el teléfono, el colegio o la universidad de los hijos, etc.)
Todo parece indicar que en este sistema de justicia se apresa primero y se investiga después, porque el Ministerio Público pide que muchos expedientes sean declarados “complejos” obteniendo el visto bueno de los jueces. Pero, cuando se cumple el periodo, por lo regular los fiscales piden tres o cuatro meses más para continuar la investigación, cosa que no entiendo.
La “presunción de inocencia” no existe en nuestro sistema de justicia. Desde que a usted lo apresan y le imponen una medida de coerción que casi siempre es la cárcel, ya está condenado. La prensa y las redes sociales influyen sobremanera en la condena. (¿?)
Haber nacido pobre es una condena; no tener nombre y apellido, es una condena, no ser nadie, es una condena, una desgracia.
¿Cómo resarcir el daño moral, el asesinato social de un ciudadano al que hay que presumirle inocencia después que su nombre y su imagen aparece en todos los diarios, la televisión cargada de morbo, y en todas las redes sociales? ¿Quién repara el daño de un “presunto inocente” si ya fue acusado, apresado y sentenciado por los medios? ¿Qué pasa con los hijos, los padres, amigos y relacionados de un presunto inocente? ¿Acaso no dice una máxima jurídica que es mejor un culpable suelto que un inocente en la cárcel? ¿Es necesario el show mediático? ¿El circo público? ¿La crucifixión social?
Lo he dicho muchas veces: el sistema judicial dominicano está estructurado para garantizar la impunidad de los delincuentes del poder político, económico y social.
Si el Estado es una institución clasista, el sistema judicial que lo sustenta y legitima, también.
Justicia para aplicársela con todo rigor a los de abajo, no a los de arriba.
Las cárceles dominicanas están atestadas de presos preventivos, la mayoría pobres, sin abolengo y sin dinero. Hombres presos en cárceles infrahumanas, amontonados como si fueran bestias. No hay entre ellos un solo político condenado por corrupción. Esos señores no van a la cárcel. Las rejas no se hicieron para ellos.
Recientemente un recluso denunció que pese a tener una sentencia que lo ponía en libertad desde hace más de un año las autoridades lo mantienen en prisión en espera de una firma que nunca aparece. Obviamente es un infeliz, probablemente sin familia. Claro, y sin recursos económicos para pagar un abogado en dólares.
Recuerdo el caso de Luís Alvarado, un hombre de 55 años que fue puesto en libertad “tras haber permanecido doce años en una cárcel del país sin haber pasado nunca por un tribunal, sin que existiera causa penal en su contra y sin constancia documental de su ingreso en prisión”. ¡Wao!
El ¡tránquelo! continúa ocupando el primer lugar en nuestro sistema penal a pesar que el código tiene otras seis medidas de coerción: ¡la prisión es la última! En los hechos es la primera. ¡Tránquenlo!
Los presupuestos que exige la ley para ver si el imputado tiene arraigo, si no existe la posibilidad de fuga, no sirven de nada, principalmente cuando se trata de un “desarropado” que “no tiene prensa”, ni abogado caro que lo defienda. Usted puede poner el Monumento a los Restauradores de Santiago, la Plaza de la Bandera, el Parque Independencia, la Basílica de Higüey, el Banco Central, la Torre Eiffel, en París o la Estatua de la Libertad, en Nueva York. ¡Y no le servirá de nada! A menos, ¡claro! que tenga poder, que sea “Don fulano de tal” y no un “pobre diablo” hijo del pollero.
Mientras la prisión sea la principal medida de coerción, el número de presos preventivos continuará; las cárceles seguirán abarrotándose de gente que bien podrían estar en sus casas, en sus trabajos, estudiando y compartiendo con sus familiares y amigos mientras continúan sus procesos judiciales hasta que adquieran el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.
Al parecer la presión mediática atemoriza a jueces y fiscales. Quedan pocos jueces garantistas. El miedo impone las sanciones.
