Las autoridades nicaragüenses han defendido que el organismo violenta "derechos e independencias".
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) – Nicaragua ha decidido retirar a sus representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y cerrar la sede del organismo en el país, y ha aprovechado para calificar de "calamitosa, truculenta y mentirosa" su actividad, que forma parte del "imperialismo yanqui".
"Al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables, ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del Imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro", ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, según ha recogido la prensa oficialista.
En este sentido, la Cancillería del país, en declaraciones difundidas por Canal 4, ha informado de que retirará las credenciales de los representantes Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. "No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA", ha agregado.
Las autoridades nicaragüenses han defendido que el organismo violenta "derechos e independencias", así como auspicia y promueve "intervenciones e invasiones" y "golpes de Estado en distintos formatos y modalidades".
Ya en noviembre de 2021, Moncada anunció que el país había iniciado de forma oficial el proceso de salida del organismo ante lo que el Gobierno considera "continuas muestras de injerencia" en los asuntos internos del país.
El jefe de la diplomacia nicaragüense confirmó que, siguiendo las instrucciones del presidente, Daniel Ortega, procedió a presentar al secretario de la organización, Luis Almagro, una denuncia por "intromisión" en los asuntos internos y el consiguiente deseo del país de "abandonar la entidad".
Después de los comicios celebrados el 7 de noviembre de 2021, entre acusaciones de fraude y críticas por la represión del Gobierno a la oposición y críticos, la OEA aprobó una resolución en la que declaraba "ilegítimas" las elecciones, llamando a una "evaluación colectiva inmediata" con el fin de "tomar las acciones apropiadas" respecto a Nicaragua.
Según la resolución, las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 en Nicaragua "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". El documento afirma, además, que las autoridades de Nicaragua han ignorado todas las recomendaciones de la organización.
