Las sanciones incluirán el pago de multas de entre 50 mil y 150 mil pesos y condenas de un año de prisión suspendida
LA VEGA (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en esta provincia procesa a diez productores de arroz arrestados por quemar residuos del producto en fincas de su propiedad, ocasionando contaminación atmosférica y daños a la calidad del aire.
“A estos diez encartados se le aplica la figura procesal del procedimiento penal abreviado; es decir, se han realizado acuerdos plenos en el que admiten la comisión del delito, realizan el pago de una remediación ambiental, se comprometen a pasar por un período de prueba con ciertas condiciones y se condenan a la pena de un año de prisión suspendida”, explicó la procuradora general de corte Sonia María Saviñón Borges, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento Judicial de La Vega.
Indicó que las sanciones incluirán el pago de multas de entre 50 mil y 150 mil pesos.
Expuso que el proceso se realiza bajo la supervisión del juez de Ejecución de la Pena de esta demarcación.
Detalló que contra los encartados se tenían órdenes de arrestos, de las que sólo aplicaron una, porque los otros nueve se presentaron de manera voluntaria.
Decenas de expedientes contra productores
Al informar sobre las acciones contra los delitos ambientales a través de un comunicado de prensa, Saviñón Borges expresó que han instrumentado varios expedientes en contra de decenas de productores del cereal por los referidos delitos.
“Durante esta zafra, en la cual se ha cortado aproximadamente el 20% del arroz, se han investigado 22 casos, se han obtenido 16 órdenes de arrestos y se están tramitando 4 órdenes por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente”, dijo Saviñón Borges.
Indicó que además han sido citadas dos personas que son investigadas por esos casos y se procedió con el arresto de otro implicado en flagrante delito.
La representante del Ministerio Público en el área de medio ambiente en La Vega destacó que el órgano que dirige ha realizado múltiples acciones para prevenir y controlar la comisión de este delito ambiental.
“En las zafras anteriores se llevaron a cabo encuentros con miembros de Coopearroz, la Junta de Regantes y los principales productores de arroz de las comunidades de Ranchito, Las Cabuyas, Rancho Viejo y Jima Abajo”, manifestó.
Se comprometen con otras alternativas
Dijo que otra medida que han tomado dentro de la labor preventiva ha sido la firma de actas de compromiso y de advertencia, con cientos de parceleros, en donde éstos se han comprometido a utilizar otras alternativas de tratamiento de la tierra diferente a la quema de los rastrojos del arroz.
De igual manera, declaró que han implementado la concienciación a través de los medios de prensa y se ha conversado de manera directa con los productores de arroz, entrenándolos sobre la implementación de otras alternativas sobre el uso de empaque de los residuos para cederlas a los ganaderos.
Dijo que los productores también han sido entrenados en la trituración de los rastrojos para incorporarlos como materia orgánica a la tierra, así como sobre la utilización de una sustancia química que diluye las pajas, la recolección de las pajas en un centro de acopio, entre otras, con el objetivo de evitar los incendios en las parcelas.
“Estos trabajos de prevención se están realizando bajo la coordinación del magistrado Francisco Contreras, titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, señaló.
“La quema de estos rastrojos es una práctica habitual en los productores de arroz que debe ser abolida, ya que produce una fuerte humareda que ocasiona daños a la salud de las personas, especialmente, ocasionan enfermedades respiratorias e implican una violación a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, añadió la procuradora de corte.
Adelantó que conforme a las investigaciones que se están llevando a cabo, seguirán solicitando órdenes de arrestos y allanamiento ante el juez de la Instrucción, al tiempo que advirtió que quienes sean sorprendidos incurriendo en ese tipo de delito, serán sometidos a la acción de la justicia.
