Tras la decisión del juez el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, valoró la medida y advirtió que "todo aquel que le ponga la mano encima a una menor", será perseguido y sometido judicialmente.
Al exponente urbano Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD), le fueron dictados tres meses de prisión preventiva, en audiencia efectuada este domingo.
El juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este tomó la decisión contra el rapero quien está acusado de incurrir en agresión sexual contra una menor de 16 años.
El órgano persecutor asegura que aportó suficientes pruebas con las que demostró que se trata de la medida más adecuada para evitar que el imputado se sustraiga del proceso penal.
El juez Bernardo Coplín, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, ponderó la gravedad del caso que puso al desnudo el hecho de que el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad económica de la víctima para cometer el delito.
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Rochy RD guardará prisión en la cárcel de La Victoria, según lo dispuso el juez Bernardo Coplín.
Ante el juez el intérprete de dembow insistió en que es inocente de los hechos que se les imputan.
Tras la decisión del juez el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, valoró la medida y advirtió que "todo aquel que le ponga la mano encima a una menor", será perseguido y sometido judicialmente.
También informó que se investiga el supuesto hecho, de que la madre de la víctima habría recibido dinero para desistir de la querella en dos ocasiones.
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En el caso de Rochy RD no solo se investiga la agresión a la menor de 16 años, “sino una supuesta red que se encarga de buscar menores de edad para abusarlas a cambio de dinero”.
El Ministerio Público había solicitando que a Rochy RD lo enviaran a la cárcel de Najayo, pero los abogados del intérprete urbano pidieron que lo mandaran a La Victoria.
Rochy RD es acusado de incurrir en agresión sexual contra una menor de 16 años en una villa de Los Frailes, de Santo Domingo Este.
En la primera audiencia el tribunal le impuso a la madre de la víctima, como medida de coerción, la presentación de una garantía económica por cinco mil pesos e impedimento de salida del país.
Al mismo tiempo, emitió orden de protección que obliga a la mujer a mantenerse alejada de la víctima (ninguna de las dos es identificada por sus nombres para proteger a la menor afectada en este caso).
