De esta cifra indicada, un 40 % de los internos de las 19 cárceles del modelo tradicional duermen en el suelo.
Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Defensa Publica (ONDP) en su primer informe "Condiciones de Detención y Prisión", reveló al 2021 un total de 27,315 personas se encontraban privadas de libertad en las 19 cárceles del modelo tradicional y de los 27 centros del modelo nuevo de gestión penitenciaria.
Tal hallazgo se logró a partir de las visitas realizadas por la comisión carcelarias cada semana durante el 2021, en el contexto de la situación que viven los privados de libertad en el país.
El informe dado a conocer este miércoles se refiere a los desafíos que tiene el Estado, el sistema de Justicia y Penitenciario, frente a las diversas situaciones que se viven en las cárceles dominicanas, donde prevalece un inminente riesgo a la violencia, vida, salud, incendios, motines, fugas, maltratos y violación a la integridad que enfrentan las personas privadas de libertad.
De esta cifra indicada, un 40 % de los internos de las 19 cárceles del modelo tradicional duermen en el suelo, y una gran cantidad de personas se encentran en prisión preventiva acusados por delitos menores.
El informe releva la existencia un excesivo de prisión preventiva, una gran cantidad de personas con problemas de salud física y mental, diversas carencias dan imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas.
De igual forma, se advierte que la institucionalidad del sistema carcelario estaría debilitada por la disminución de su presupuesto, poco personal técnico y de custodia.
El informe denuncia las condiciones de detención a raíz del hacinamiento como es el caso de la cárcel de La Victoria que fue construida para alojar a 2,103 personas y al momento del levantamiento había 7,625 internos.
El reporte menciona situaciones similares en otras cárceles como las de Baní, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona.
“En cuanto a las cárceles de Salcedo, Nagua y Samaná no podemos hablar de una verdadera separación entre hombres y mujeres, lo que conlleva a una verdadera vulneración al derecho a la intimidad y al honor; infraestructura deficiente; atención médica negligente, y en cuanto a la alimentación aunque ha mejorado aún sigue siendo inadecuada” agrega.
El informe concluye en que el gran problema en República Dominicana no radica en los Centros Penitenciarios (Modelo Nuevo o Tradicional) como forma de control, sino que la política que el Estado plantea para el respeto de los Derechos Humanos, y lo que se lleva a cabo en la práctica son hasta cierto punto, dos caras de una misma moneda.
“Lo que el Estado expresamente plantea a través de la norma, respeto a lo que debe hacerse, en la práctica no se realiza, las autoridades se esmeran en plantear programas y sistemas penitenciarios que llevan consigo el respeto a la dignidad, para llevarlos a la práctica, pero es en cierta medida irónico, pues es como si en teoría es la Política de respeto a la integridad y dignidad de las personas y en la practica la Anti-política, de ahí que, en el presente informe, las recomendaciones son las siguientes:
