Los trabajos de readecuación y terminación de la cárcel están paralizados a la espera de la auditoría que encargó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)
Entra en su fase final la auditoría que realiza la Cámara de Cuentas al centro penitenciario Las Parras, objeto de una ruidosa controversia que enfrentó mediáticamente a la Procuradora Miriam Germán y al asesor presidencial Roberto Santana.
Janel Ramírez, entrevistado vía WhatsApp para esta columna, dijo que solo podía confirmar que la investigación financiera está en su tramo último.
“La coordinadora me informó ayer que ya entran a la etapa final”, expresó Ramírez.
Cuando le solicité mayores detalles, se excusó: “no me es posible dar más informaciones precisas por ser fin de semana”. La consulta se realizó la tarde del sábado.
Los trabajos de readecuación y terminación de la cárcel están paralizados a la espera de la auditoría que encargó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que sospecha irregularidades en el levantamiento del penal y que figura en las indagaciones del Caso Medusa, que tiene como principal imputado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
El “problema” es la visión que domina en la Procuraduría General de la República y algunas áreas del gobierno, totalmente opuesto a los criterios del asesor presidencial honorífico en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario.
Santana no está contra Germán, ni viceversa, aunque la intriga de terceros asome.
Es el mismo Roberto, que Miriam tenía el valor de poner en libertad como jueza que enfrentó los abusos del poder, y que la acompañó a la instalación en Procuraduría y en el desagradable encuentro con el hoy “interno Rodríguez”. Es una relación entrañable, que supera cualquier perversidad.
Roberto entiende que no hay que esperar “la varilla final” para habilitar Las Parras y aporta que hay edificios readecuados y entregados por los contratistas que albergarían a 700 internos, lo que descongestionaría paulatinamente la penitenciaría de La Victoria, centro de todo tipo de corrupción.
Desde Procuraduría se reafirma que hay que esperar la auditoría de la Cámara de Cuentas, para la habilitación parcial del centro, que de acuerdo a un reportaje del Listín Diario luce en total abandono.
A Roberto le preocupa que a Miriam la boicoteen como responsable institucional del avance del sistema penitenciario, que acusa algunos síntomas de involución.
Santana, cuyo nombre fue dado a La Academia del Modelo Penitenciario de Guatemala, al momento de su juramentación como asesor presidencial en setiembre del 2020 dijo que el gobierno debía reiniciar y concluir la reforma penitenciaria.
El exrector uasdiano se comprometió con el presidente Abinader a reformar el sistema penitenciario “a más tardar en los próximo tres años si las instituciones comprometidas se someten a la ley, son transparentes y no llevan una agenda partidaria oculta”.
Es evidente que Santana ve que camino a los dos años todo se ralentiza, comprometiendo su prestigio local e internacional y lanza el grito extremo de que no existe voluntad política en el gobierno para enfrentar el problema carcelario, con una corrupción rampante y con violaciones de los derechos de los internos. El 40 por ciento duerme en el suelo, reveló una investigación de la Defensoría Pública.
No es contra Miriam. Es por salvar la construcción de un sistema penitenciario que Roberto ha empujado por 20 años, contra toda suerte de tropiezos e intereses, con 4 presidentes y numerosos procuradores, hasta llegar al Jean Alian, que terminó imputado de sustraer lo que debía cuidar.
Maliciosas las versiones de que Santana coincidiría con los abogados del imputado principal, que han hecho propaganda para que se habilite Las Parras, negando las irregularidades denunciadas. No es lo mismo.
Punta Catalina, es cuerpo de delito, y la auditoría nunca detuvo su operación.
