La contaminación sónica en Santo Domingo

La base de la contaminación sónica es el incumplimiento de las normas en que de ordinario incurre el gobierno.

El artículo cuatro de la Ley 64-00, consagra el derecho ciudadano a vivir en un medioambiente sano, esto es: sin contaminación sónica porque el ruido es la principal amenaza de una ciudad, dada su multiplicidad, la cual inicia con el tránsito pero se va multiplicando en radios, fiestas, construcciones, industrias, iglesias, etc.

La base de la contaminación sónica es el incumplimiento de las normas en que de ordinario incurre el gobierno de la ciudad, no existe una supervisión real en colmadones, iglesias, y casas de particulares donde se hace ruido. Pero tampoco en talleres de autos, de ebanistería, de pintura, etc., tampoco en lavaderos de autos, talleres e incluso industria. Cada cual hace lo que desea sin que le importe a las autoridades estos comportamientos contrarios a la normal convivencia social en la ciudad.

Es el caso también de la Policía Nacional, la cual, es la más eficiente de todas en cuanto al control de los ruidos, pero a la vez, la más permisiva, pues las fiestas callejeras no son controladas adecuadamente, ni los ruidos estruendosos que se producen en los barrios. La policía ha adquirido el hábito de perseguir el estacionamiento de autos en ciertos lugares públicos, mas no la de perseguir el ruido.

Así, se llega al Ministerio de Medioambiente, aquí es donde, se supone, que se encuentran las herramientas técnicas para tipificar la noción de ruido en tanto y cuanto, delito ambiental; sin embargo, resultaría extraño encontrarse a un inspector de medioambiente, en capacidad de establecer la existencia de ruidos ambientales que puedan, técnicamente, calificarse de delito, es decir dispositivos para medir los decibeles de un determinado ruido.

De modo que, la contaminación sónica existe no por ausencia de normativa, no por ausencia de ley, no por ausencia de autoridades, sino por inobservancia de las normas por parte de las instituciones que tienen la obligación, precisamente, de garantizar que, no se incurra en la comisión del delito de contaminación sónica. De manera que dicho delito constituye una falta flagrante de las autoridades encargadas sean estas policiales, municipales o especializadas en el ministerio correspondiente.

 Como se tiene leyes que no se acatan, ni cumplen, y autoridades que evaden su misión de cumplirla y de hacerla cumplir, queda la gobernanza, la participación ciudadana en lucha por obtener los los derechos que, por inobservancia de la ley, le niegan los gobernantes. Es decir, existe ausencia de voluntad política al momento de aplicar la ley. Esta ausencia de voluntad política se traduce en corrupción porque los ministerios quedan entonces a expensas de la buena o mala voluntad del incumbente de turno.

Pero, como muestra el caso Orlando Jorge, cuando un ministro se empantalona, cuando se busca aplicar la ley, entonces aparecen los poderes fácticos, los corruptores, quienes directamente asumen la defensa de sus intereses pasando por encima de todas las reglas de convivencia social y de decencia. El problema es grave porque, como queda dicho, en el caso que comentamos, esos poderes fácticos, cuando sus intereses están en juego, son capaces de cometer atrocidades inimaginables. De ahí que, los ministros pusilánimes, vegetativos, sean el modelo a seguir, porque los ministros reales o no toman la posición o incurren en actos reñidos con la ley.

Como se comprenderá, la democracia no es un sistema que se caracteriza por la justicia social, sino que su carácter esencial es, la defensa del individuo más allá de lo posible. Aunque para tal finalidad se llegue a magnicidios, a crímenes de lesa humanidad, de lesa planeta, etc. Por tanto, nos encontramos ante una causal que pone al desnudo, las más execrables antinomias del sistema. No se sabe, qué hará el presidente de la república, pero, indiscutiblemente, que el tema no puede echarse al olvido, ni en saco roto, se deben tomar medidas importantes.

Sin embargo, desmontar los cuerpos de seguridad de los ministerios no resuelve el problema, por el contrario, podría profundizar, pues en poco tiempo, podría ser evidente que se ha sustituido una estructura por otra, cuando lo que se requiere es resolver el problema de raíz. Es por eso que, no estamos de acuerdo con la denominada teoría del conflicto, porque busca ganadores donde solo hay perdedores. Ese gatopardismo, podría crear mayores problemas que los que pretende resolver.

La solución se debe buscar en pagar lo justo a los seguridad y desterrar a los corruptores, pero, como se observa en el caso de la especie, el mal está dentro y es de difícil curación porque requiere el nivel de represión con que la fuerza pública opera en los barrios o bien, la igualdad ante la ley seguirá siendo un mito.DLH-13-2022.