Expresa que había reclamado esa medida desde hace varios años.
El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) recibió con gran regocijo y satisfacción la Resolución número 545-01 del CNSS que devuelve sus ahorros para pensiones a las personas afiliadas a las AFP, a quienes solo les faltaban días y hasta más de 11 meses para calificar como <<ingreso tardío>> al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), reclamo que esta organización lleva a cabo hace poco más de dos años, junto a otras agrupaciones conformadas inicialmente para impulsar esta demanda.
ONPECO recordó que desde mayo de 2020 había reclamado ante todas las instancias y representantes del SDSS, además de instituciones como el Congreso Nacional, el Defensor del Pueblo y la Presidencia de la República, entre otras, atender el reclamo de cientos de personas que, por faltarle hasta un día para cumplir los 45 años, se les negaba la entrega de los montos ahorrados, bajo el alegato de que la Ley 87-01 solo reconocía como ingreso tardío a las personas que ya habían cumplido 45 años a la hora de entrar en vigor la legislación.
Desde ONPECO entendimos que era una injusticia y pedimos que se buscara una salida, mediante una resolución que reivindicara el derecho al uso del dinero ahorrado, fondos con los que las personas que no calificaban para una pensión podrían dedicar esos fondos acumulados a algún tipo de negocio o solventar problemas de salud, quienes padecían o padecen enfermedades denominadas como crónicas o terminales.
Durante la pandemia se realizaron reuniones virtuales con las personas afectadas, se creó un Comité permanente que se reunía todas las semanas, se programaron visitas a los diferentes integrantes del CNSS, se realizaron reuniones con el ministro de Trabajo, Miguel De Camps García, con el presidente de la SISASRIL, con la Defensoría del Pueblo, se enviaron cartas a todos los miembros del Consejo y al presidente de la República y copias de documentación necesaria para avalar el reclamo y el seguimiento de la gestión.
“Nos satisface la respuesta y sentimos que el ministro de Trabajo entendió muy bien lo que estaba pasando, porque nos recibió junto a varias de las personas afectadas, y la resolución 545-01, asumida en la sesión extraordinaria reciente del Consejo es una muestra del entendido sentido de justicia”.
Aunque a ONPECO le satisface la Resolución 545-01 del CNSS porque beneficia a una amplia población, también entiende que aún no hay respuestas a otras solicitudes tramitadas ante la Comisión Permanente de Pensiones, avaladas por mandato de la misma Ley número 87-01 y que afecta a muchas personas que han caminado junto a nuestra organización reclamando sus derechos vulnerados y a una seguridad social que respete la dignidad humana y cumpla con la disposición legal que la sustenta.
Desde mayo de 2020 ONPECO inició este proceso de reclamos cuando le remitió una comunicación al Superintendente de Pensiones, la cual fue respondida de manera muy esperanzadora, pero hubo cambio de Gobierno y de incumbentes, por lo que debimos retomar de nuevo la acción.
Sin embargo, debemos reconocer el acompañamiento de la DIDA, que había tramitado la mayoría de los casos, sin obtener resultados, hasta que ¡por fin! hubo una salida inteligente, amparada en otras experiencias como muy bien lo explicara el presidente del CNSS, y ya es otra historia.
El Sistema Dominicano de Seguridad Social es un logro incompleto, inconcluso en la búsqueda de la justicia social, ese concepto del que se habla muy poco, pero que fueron la esencia de los discursos de los precursores de nuestra vida democrática: Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Francisco Caamaño, Manolo Tavárez y todos los que, con sentido de responsabilidad por la patria, asumieron con decencia el liderazgo después de la dictadura.
El SDSS no ha sido como lo soñamos, entendemos que la Ley 87-01 debe ser modificada para que cumpla verdaderamente su rol, sobre todo, en lo relacionado a la salud, el sistema de pensiones y la atención prioritaria y oportuna a las personas afiliadas al Sistema, que debe trabajar para incluir la totalidad de nacionales y residentes en República Dominicana, principalmente, porque se trata de derechos fundamentales.