La diferencia la ponen la administración o gobierno y la administración de justicia.
Al grado de que limita el ejercicio de su liderazgo a lograr adherentes y excluir a otros, olvidándose que todos los socios tienen derechos iguales. Es decir, se empieza por violar
los estatutos, luego la ley y finalmente la propia Constitución de la república balo un esquema gerencial excluyente.
Luego, estas malas prácticas se trasladan a los órganos de gobierno, se controla al Comité de Vigilancia, al Comité de Disciplina y, finalmente, a la garante del primero de todos los
derechos de una democracia, a la Comisión Electoral que, está obligada a garantizar que maniobras de los directivos no influyan en el voto, pero que, de ordinario, es permeada de
manera tal que, coadyuvar esfuerzos con miras a fortalecer la posición oficial en desmedro de los demás participantes en la contienda electoral.
Se puede entonces hablar de entidades burladas, degradadas, anquilosadas. Esto viene sucediendo en las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor de la República Dominicana, sin que seamos originales en ello, pues otras naciones a ambos lados del Océano Atlántico, han pasado por situaciones similares. Es por ello que, por ejemplo, Sgacedom está recaudando hoy lo mismo que recaudaba en 2010. Es decir, recauda el diez (10%) por ciento de lo que debería estar recaudando hoy. Dicho de otro modo, sus asociados nacionales y extranjeros, están presentando pérdida de un noventa por ciento (90%).
La diferencia la ponen la administración o gobierno y la administración de justicia. Por ejemplo, para el caso dominicano, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), puede decirse que siempre ha cumplido su rol de ente de supervisión y de vigilancia de las buenas prácticas democráticas al interior de las sociedades, a pesar de su deficiencia presupuestaria que se refleja, en primer plano, en el capital humano que la conforma. En el propio 2010, llegó a intervenir Sgacedom y lo curioso es que la persona que fue intervenida en 2010, es supuestamente presidente en 2022, lo cual acusa un descuido significativo de ONDA.
Este órgano técnico siempre ha tenido déficits de profesionales, el cual es compensado por la fortaleza de la asistencia internacional en la materia, pues el mundo desarrollado tiene muy en alto, la prioridad de la propiedad intelectual, en tanto y cuanto factor determinante en la riqueza de las naciones ahora bajo la bandera de industria naranja. Sin embargo, entre nosotros, la improvisación que implica cambios de gobiernos irrespetuosos con la profesionalización de los recursos humanos y el coste de estos para la comunidad internacional hacen añicos cualquier esfuerzos en ese sentido, pues cada cuatro años, un nuevo monarca sin corona se hace con dicho órgano y destruye todo cuanto se haya podido construir en el periodo anterior. Dejando a dicho órgano, en la incapacidad material de supervisar y, peor aún, de comprender lo que acontece al interior de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor. Lo que se refleja en una notoria incapacidad para garantizar la democracia. En palabras diferentes, ONDA pasa a ser cooptada por los directivos a ser supervisados, de las sociedades. De modo que el órgano garante de la legitimidad y la legalidad de los procesos electorales internos, se convierte en cómplice por acción en unas y por omisión en otras.
En el caso de la administración de justicia, la realidad es que esta no ha tenido muchas oportunidades de manifestarse al respecto. Debido a que la tradición ha sido que todo se resuelva bajo negociación en las sociedades con o sin asistencia de ONDA y con colaboración internacional. Sin embargo, vista la gran cantidad de casos que se encuentran actualmente en los tribunales, parecer ser que, ha llegado el momento de que la administración de justicia, como ha ocurrido en otros países, impone su impronta en esta. ¿En cuál sentido lo hará? Eso lo responderá el tiempo.
Dicho de otro modo, los líderes de la gestión colectiva de derecho de autor habrán de aprender normativa democrática debido al carácter obligatorio como a la coerción que sobre
ellos ejerzan los tribunales. La coacción no es convicción, por tanto, podrían seguir siendo líderes antidemocráticos forzados por la ley y la constitución a prácticas democráticas. Por
tanto, el autoritarismo permanecerá escondido, esperando la oportunidad de dar nuevamente su zarpazo a la democracia. De ahí la consigna de que solo el pueblo salva al
pueblo.
Permanecerán las desigualdades en el trato, la gradación social y, probablemente, los privilegios alejados de la noción de mérito. De ahí la necesidad de tener instituciones que
sepan cuales son sus funciones, pues de lo contrario, el oculto autoritarismo emergerá de la sombra y se posará sobre la institucionalidad democrática. Por esto es que, ha de ser
permanente en el tiempo la existencia de guardianes, de paladines de la constitucionalidad y de la democracia.
Una mirada a la administración de los dineros de la gestión colectiva, muestra gastos excesivos de los directivos sin que ONDA haga nada al respecto. Muestra que el crecimiento vegetativo de las recaudaciones de las sociedades, dice que mucho dinero se queda en el camino. Esto es que, la gestión es deficiente y el garante administrativo incapaz
de hacer nada al respecto. Entonces bajo cuáles argumentos se erige el maridaje existente entre ONDA y los directivos de diferentes sociedades? ¿Por qué golpear el procedimiento
democrático en beneficio de incompetentes? ¿Por qué menos y no más democracia institucional al interior de las sociedades? Es probable que en la justicia más que en
negociaciones se encuentren las respuestas a estas y otras interrogantes.
Por último, no debe olvidarse que, los directivos de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, administran bienes ajenos, es decir, los valores que
administran pertenecen a autores y compositores nacionales y extranjeros, nunca a los directivos, por tanto, no pueden, ni deben considerarse dueños de lo que no les pertenece.
Es un tema difícil de explicar porque, en ocasiones, muchos autores no reflejan este mal, pues los gastos fuera de los límites permitidos, como el no crecimiento, siquiera vegetativo
de las recaudaciones, constituyen serios indicios de que la gestión es deficiente como de que la supervisión estatal está fallando en desmedro de los dueños del negocio de los
bienes autorales. DLH-22-6-2022
