Entre estos casos emblemáticos resaltan los de Marcos Pérez Jiménez, expresidente de Venezuela que ostentó el poder entre 1953 y 1958.
De los países latinoamericanos, la República Dominicana es el que no ha tenido que entregar en extradición a un expresidente que estuviera vinculado al flagelo de la corrupción, el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, tuvo un proceso de corrupción contra el fenecido presidente Salvador Jorge Blanco quien el 16 de noviembre de 1988, el juez Juan María Severino lo condenó a 20 años de prisión. A partir de ese fallo jurídico, el dirigente político libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989. En el 2001, después de 19 años de apelación, consiguió la anulación de la sentencia de la Corte de Apelación y posteriormente el presidente Hipólito Mejía le retiró las acusaciones. Se tribuyó el origen del juicio a persecuciones políticas del entonces presidente Joaquín Balaguer.
Posterior a este acontecimiento, han llovido hechos similares, aún en la fase de comprobación por parte del Ministerio Público, contra exgobernantes enlodados con acusaciones de supuestamente desfalcar al Estado dominicano, pero nunca han sido llevado ante la justicia por la tesis política aquella de que “los expresidentes no se tocan”.
El panorama de República Dominicana ha sido distinto en algunas naciones de la región donde muchos ex jefes de estado han estado involucrados en expedientes por corrupción, algunos incluso pedidos en extradición por los Estados Unidos por sus alegados vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Es usual ver el listado de esas personalidades acusadas, condenadas, presos o con órdenes de prisión preventiva, pedidos en extradición o prófugos de la justicia por casos de corrupción. Basta con buscar en los registros periodísticos para verificar los hechos en Centroamérica y Suramérica.
En ese grupo resalta el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado el 21 de abril de 2022 hacia los Estados Unidos para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico.
La extradición en un proceso judicial por medio del cual se acusa a una persona por un delito en un Estado y, conforme a sus leyes y tratados internacionales, es capturada en otro Estado para luego ser enviada al requirente.
De este modo, el país norteamericano ha acusado a varios ex estadistas de Latinoamérica por diversos delitos, específicamente los relacionados con el narcotráfico, corrupción y lavado de activos.
Otros expresidentes que han enfrentado un proceso de extradición con Estados Unidos, son los siguientes:
–Manuel Antonio Noriega, de Panamá, un líder militar separado del poder en diciembre de 1989 y capturado por Estados Unidos, a quien acusó de ocho cargos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Fue juzgado en 1992 y condenado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida a una pena de 40 años de prisión.
–Alfonso Portillo Cabrera, expresidente de Guatemala entre los años 2000 y 2004, Fue detenido y enviado a Estados Unidos el 24 de mayo de 2013 bajo cargo de cometer el delito de lavado de dinero. Se declaró culpable ante un juez federal, quien lo condenó a la pena mínima de un año de cárcel en la prisión de Englewood en Denver, Colorado.
–Rafael Leonardo Callejas, expresidente de Honduras que gobernó entre 1990 y 1994 fungió como presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) entre los años 2002 y 2015. Fue incriminado por las autoridades hondureñas de siete cargos relacionados con abuso de poder y malversación de dinero, pero el Poder Judicial lo exoneró de todos los delitos que se le imputaban.
–Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala en el gobierno de Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015 y fue acusada por Estados Unidos de recibir dinero y seguridad armada por parte de la organización criminal mexicana conocida como “Los Zetas”. Aceptó ser enviada al país del norte luego de que se le imputaran delitos de "asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas" por el Distrito de Columbia.
Del mismo modo, entre los convenios de extradición que tiene Estados Unidos, también ha colaborado en la repatriación de expresidentes hacia sus países de origen por procesos pendientes con la justicia.
Entre estos casos emblemáticos resaltan los de Marcos Pérez Jiménez, expresidente de Venezuela que ostentó el poder entre 1953 y 1958 y fue acusado de los delitos de apropiación indebida del dinero del Estado y malversación de fondos; se le confinó en la Cárcel Modelo de Caracas tras su extradición desde Estados Unidos.
También, Ricardo Martinell, expresidente de Panamá entre 2009 y 2014. Fue capturado el 12 de junio de 2017 en Coral Gabes, Florida, Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia de ese país emitiera la orden de captura tras recibir la solicitud de extradición de parte de Panamá.
En Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva fue condenado a 12 años de prisión por el juez Sergio Moro tras hallarlo culpable por un caso que se centró en un lujoso apartamento de tres pisos que supuestamente una compañía constructora le dio como soborno. Enfrentó acusaciones de corrupción, blanqueo de capitales, trafico de influencias, obstrucción a la justicia y organización delictiva. El 8 de julio de 2018, un juez de un Tribunal Regional Federal ordenó la excarcelación del líder político.
En Perú, un juez ordenó prisión preventiva para el ex gobernante Ollanta Humala y su esposa y ex primera dama Nadine Heredia, tras escuchar los alegatos de un fiscal que los investigó por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Los acusaron de haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Humala en el 2011 según las declaraciones de Marcelo Odebrecht, propietario del consorcio brasileño. Humala negó la imputación.
El 17 de abril de ese año, el juez peruano Mario Guerra ordenó 18 meses de prisión preventiva para el ex mandatario Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, como parte de las investigaciones por el caso Ecoteva. Toledo, que permanece en Estados Unidos, ya tenía una orden de detención preventiva en su contra por supuestamente haber recibido un soborno de la constructora brasileña, en un caso en el que es acusado de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
El listado, además, salpica a El Salvador donde el entonces presidente Francisco Flores, en diciembre del 2015, fue enviado a juicio por peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se le acusaba de quedarse con unas donaciones del gobierno de Taiwán cercanas a los 15 millones de dólares, que estaban destinados a proyectos de lucha contra la pobreza y ayuda a afectados por terremotos en su país. Falleció el 30 de enero del 2016, a los 56 años.
El otro caso es el de Elías Antonio Saca, presidente salvadoreño entre el 2004 y el 2009 y quien fue detenido en octubre del 2016 junto con otras seis personas, por presunta corrupción. Ya enfrentaba desde comienzos del 2016 una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, porque no justificó ingresos de poco más de 5 millones de dólares.
A ese flagelo hay que agregar las famosas investigaciones periodísticas internacionales conocidas como “Panamá Papers” (Papeles de Panamá), dadas a la publicidad en el 2021, en las que han señalado a presidentes y ex mandatarios como presuntos autores de actos de corrupción.
Las indagaciones basadas en documentos oficiales, revelaron que varios gobernantes, líderes y personalidades del mundo ocultaron activos en paraísos fiscales. Este hecho repercutió en 76 países, entre estos 20 latinoamericanos, naciones que aglomeran a políticos implicados directa o indirectamente en esas acciones, aunque no han habido detenciones respecto a ese entramado.
¿Quién será el ex gobernante dominicano en ser enjuiciado o extraditado por corrupción?
