La familia del poeta más célebre de El Salvador había denunciado al Estado salvadoreño por falta de justicia en marzo de 2011.
Por Edgardo Ayala
SAN SALVADOR – Tras 11 años de haberlo solicitado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso del poeta salvadoreño Roque Dalton, asesinado en 1975, y con ello se abre un rayo de esperanza para la familia en su búsqueda de justicia.
“La admisión de un caso en la CIDH es un proceso largo, y fue una gran satisfacción conocer que el de mi padre haya sido aceptado”, dijo a IPS el hijo del escritor, Juan José Dalton.
La familia del poeta más célebre de El Salvador había denunciado al Estado salvadoreño por falta de justicia en marzo de 2011, y el caso fue admitido por la CIDH el 1 de diciembre de 2021, más de 11 años después.
La familia fue notificada solo el 2 de junio de 2022, porque siempre suele haber un retraso a la hora de avisar a las partes, acotó Juan José.
Una luz de esperanza
La decisión de esa instancia internacional probablemente reactive el caso en las instancias judiciales salvadoreñas, que nunca han querido investigar seriamente el crimen y ha rechazado los esfuerzos de la familia de encontrar y juzgar a los responsables, agregó.
“Hemos estado esperando por justicia por 47 años, y seguimos esperando”, añadió.
El Salvador vivió entre 1980 y 1992 una guerra civil que dejó unos 75 000 muertos y alrededor de 8000 personas desaparecidas.
“Nos dan muchas esperanzas de que la decisión de la Comisión sea un apalancamiento para que en El Salvador la justicia termine por moverse y el caso se investigue seriamente”, dijo.
“Hemos estado esperando por justicia por 47 años, y seguimos esperando… Nos dan muchas esperanzas de que la decisión de la Comisión sea un apalancamiento para que en El Salvador la justicia termine por moverse y el caso se investigue seriamente”: Juan José Dalton.
Pero no solo ese, sino otros dos sobre ejecuciones y desapariciones forzadas durante la guerra civil salvadoreña y que la CIDH también admitió recientemente.
Se trata de Félix Antonio Augusto Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador asesinado por escuadrones de la muerte el 29 de octubre de 1980. Su caso fue admitido el 5 de septiembre del 2021.
El 22 de noviembre de 2021 la Comisión aceptó también el de dos estudiantes de derecho: Francisco Arnulfo Ventura Reyes y José Humberto Mejía, desaparecidos el 22 de enero de 1980.
Se sabe que ese día de enero los estudiantes habían participado en una marcha antigobierno en San Salvador, la cual terminó en violencia, y caminaban frente al edificio que entonces era la embajada de los Estados Unidos.
Ahí dos agentes de la Guardia Nacional que cuidaban ese recinto los detuvieron e ingresaron al interior de la sede diplomática, y fue lo último que se supo de ellos.
“Ese caso es emblemático porque se dio en territorio estadounidense”, contó a IPS el abogado y activista de derechos humanos Benjamín Cuéllar, miembro de Víctimas Demandantes (Vidas).
Una imagen del poeta salvadoreño Roque Dalton, asesinado en 1975, cuatro días antes de cuando hubiera cumplido 40 años. Foto: Wikimedia
Con la admisión, la CIDH comenzará el periodo de indagaciones sobre el crimen del poeta y de las otras tres personas, y al final de ese proceso deberá emitir un informe con recomendaciones al Estado.
Esas recomendaciones irán, lo más probable, en el sentido de investigar cómo sucedieron los hechos, encontrar y juzgar a los responsables, así como de emitir medidas de reparación.
Si el Estado incumple algunas de las recomendaciones, los expedientes pasarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ejerce de tribunal y cuyos fallos son inapelables, y ahí se esperaría una condena a El Salvador por su negativa a impartir justicia en esos casos.
Tanto la CIDH como la Corte IDH son parte del autónomo sistema interamericano de derechos humanos, bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA). La primera tiene su sede en Washington y la segunda en San José de Costa Rica.
Un cuarto caso es aún más alentador: el 14 de mayo de 2022 la Comisión envió a la Corte el expediente sobre la desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su padre Mauricio Cuéllar Cuéllar y la empleada doméstica Julia Orbelina Pérez.
Emilie fue desaparecida el 28 de junio de 1982 y la madrugada del día siguiente, agentes del Estado fueron a sacar de la casa al padre y a Orbelina, que tenía dos meses de haber sido contratada como trabajadora doméstica.
Emilie había trabajado como secretaria del católico Socorro Jurídico del Arzobispado, la oficina de ayuda legal fundada en 1977 por monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980 y, por ese martirio, canonizado en octubre de 2018.
“Un día antes de la desaparición de Emilie, el 27, ella había llegado a denunciar al Socorro Jurídico que había detectado seguimiento”, presuntamente por escuadrones de la muerte, señaló Benjamín Cuéllar, primo de Emilie y sobrino de Mauricio Cuéllar.
El abogado añadió que el caso del poeta Dalton y el de las otras personas van a avanzar cuando se conforme en el país un colectivo de familias que demanden justicia a una sola voz.
Acusado de espía de la CIA
Roque Dalton fue un intelectual de izquierda cuyo compromiso con las luchas sociales de los 60 y 70 en El Salvador le generó persecución política por parte de los gobiernos militares de la época y, como muchos opositores, terminó en el exilio, donde continuó con su prolífica producción literaria.
Se codeó con descollantes figuras de la literatura latinoamericana, entre ellos el argentino Julio Cortázar y los uruguayos Eduardo Galeano y Mario Benedetti, entre otros. Al final de los 60, durante su estadía en la capital de Cuba, conoció personalmente a Fidel Castro y fue amigo del cantautor Silvio Rodríguez.
Uno de sus libros más reconocidos, Taberna y otros lugares, de 1969, ganó el Premio de Poesía de Casa de las Américas, de Cuba.
Regresó a El Salvador de forma clandestina en 1973 y se incorporó al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones rebeldes que más tarde, en 1980, conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Dalton fue asesinado en mayo de 1975 por sus mismos compañeros del ERP. La dirigencia de esta organización lo acusó de ser un pequeño burgués revisionista que animaba a la insubordinación dentro de las filas del grupo.
También lo incriminó de ser agente de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) y a partir de ahí decidieron ejecutarlo.
El escritor iba a cumplir 40 años el 14 de mayo de 1975, pero lo mataron cuatro días antes, junto a otro miembro de esa organización, Armando Arteaga.
El cuerpo de Dalton nunca fue encontrado debido a que los autores del crimen nunca han revelado dónde se encuentra enterrado, en una de las mayores infamias de miembros de la guerrilla salvadoreña.
“Aquí han venido escritores como Eduardo Galeano y José Saramago y hubieran querido ir a dejar una flor a la tumba de mi papá, pero esa tumba no existe”, dijo Juan José.
En mayo de 2010, la familia Dalton acusó formalmente a dos de los dirigentes del ERP de aquella época: Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez.
Villalobos fue uno de los comandantes firmantes del Acuerdo de Paz, suscrito en México en 1992 entre la guerrilla y el gobierno del derechista Alfredo Cristiani.
Fue el mismo Villalobos quien tras el fin de la guerra le dio una entrevista en 1993 a Juan José, de oficio periodista y que entonces era corresponsal de IPS en El Salvador, y le confesó el crimen.
“Fue una decisión de la dirección de esa época de 1975, tendría que hacer una precisión, pero ahorita me recuerdo de Alejandro Rivas Mira, Jorge Meléndez, Vladimir Rógel, Alberto Sandoval (Lito) y otro compañero de seudónimo Mateo y yo. Probablemente se me ha quedado un par de nombres más”, le dijo en la entrevista que publicaron IPS y otros medios latinoamericanos.
El proceso contra Villalobos y Meléndez no fructificó porque el juez de la causa los sobreseyó el 9 de enero de 2012, al alegar que el crimen ya había prescrito, es decir, ya había sobrepasado el tiempo en que, según la ley local, la justicia puede perseguirlos.
Sin embargo, la familia presentó en mayo de 2018 un amparo ante la Sala Constitucional, pues sostiene que el crimen es de lesa humanidad y, como tal, no prescribe nunca.
Ese recurso legal aún está pendiente de resolverse.
Ni siquiera en los 10 años en que gobernó el país el FMLN (2009-2019), se hizo un esfuerzo por encontrar los restos del escritor y abrir el camino a la justicia.
Sobre esa complicidad de la exguerrilla, el hijo del escritor dijo: “Tenían la responsabilidad histórica de haberlo buscado, y no lo hicieron con tal de proteger a los asesinos de mi padre”.
Y agregó: “Y no lo hicieron porque los dirigentes del FMLN son culpables también de miles de crímenes de guerra”.
Publicado originalmente por Ipsnoticias.net
