La UE insta al Gobierno a respetar los Derechos Humanos y las libertades de la población

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) – Un año después de la ola de protestas antigubernamentales registradas en julio de 2021 en Cuba, cuando miles de personas salieron a la calle para exigir una mayor estabilidad económica y una mejor asistencia sanitaria, la isla se encuentra sumida en una grave crisis.

La que fue la primera manifestación masiva en décadas se saldó con más de un millar de detenidos y cientos de imputados, lo que ha llevado a la imposición de sentencias por delitos como sedición, sabotaje y robo con fuerza, entre otros, que han sido condenadas por la comunidad internacional por considerarlas un intento de acallar a las voces disidentes.

El principal detonante de las marchas que tuvieron lugar entre la capital, La Habana, y Santiago de Cuba, fue la falta de recursos para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Entonces, los manifestantes pedían más vacunas al Gobierno y hacían un llamamiento contra la represión y la censura.

El Gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió entonces a sus seguidores que salieran a las calles a responder a los manifestantes alegando que muchos estaban "confundidos" y señaló a Estados Unidos como el responsable de impulsar las protestas.

Así, acusó a Washington de restringir la economía de la isla y buscar su "desestabilización" durante décadas. La Habana culpa al embargo de Estados Unidos sobre la isla y cuyas consecuencias se habrían agravado durante los últimos años. Sin embargo, las voces críticas con el Gobierno aseguran que se trata de una mala gestión y abogan por un cambio en el sistema político del país caribeño.

Según el diario oficial 'Granma', el objetivo es generar la "idea falsa" de que las carencias y dificultades materiales responden a la "ineficiencia de la gestión del Gobierno revolucionario y encubrir la causa real: el inhumano cerco económico de Estados Unidos".

Este lunes, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha expresado su preocupación por la situación en Cuba y ha señalado que al menos 790 personas han sido imputadas en relación con las protestas desde mediados de julio de 2021.

"Desde entonces, la Unión Europea ha seguido de cerca las condenas desproporcionadas contra los manifestantes, algunos de los cuales tenían menos de 18 años cuando fueron arrestados", ha aseverado en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que los juicios ponen en tela de juicio la situación de los Derechos Humanos en Cuba y la violación de "los estándares y principios internacionales de transparencia".

"Durante los últimos doce meses, la UE ha reiterado su llamamiento al Gobierno cubano para que respete los Derechos Humanos y las libertades del pueblo cubano, incluido el derecho a la libre asociación y asamblea", recoge el texto. Además, Borrell ha incidido en la importancia de "liberar a todos los presos políticos" y abrir el diálogo para hacer frente a la crisis.

La UE ha vuelto a pedir, a su vez, que las autoridades cubanas permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios y ha ofrecido su apoyo para "proteger e impulsar" los Derechos Humanos y las libertades de los cubanos y mejorar su calidad de vida.

En agosto de 2021, poco después de las protestas, el Gobierno aprobó el Decreto ley 35, dirigida a contenidos o mensajes que La Habana considere noticias falsas, ofensivas o que puedan incitar a actos "que alteren el orden público".

PRISONERS DEFENDERS SITÚA EN CASI UN MILLAR LOS PRESOS POLÍTICOS

La ONG Prisoners Defenders ha alertado de que si bien antes de las protestas del 11 de julio eran 152 los presos políticos, una cifra que se sitúa ahora en los 999. De todos ellos, 33 son menores y cinco de esos menores son niñas, según ha indicado la organización.

En un comunicado, ha denunciado que muchos de ellos han sido acusados de sedición y han sido condenados a penas de cinco años o más, además de a trabajos forzosos. "La dictadura usó el 11J para hacer presos a los activistas más respetados y destacados, como José Daniel Ferrer, cuya situación de desaparición forzada, un año después de su arresto, acaba de ser denunciada por Naciones Unidas", ha aseverado.

Así, ha aseverado que de los más de 5.000 detenidos, 1.235 fueron procesados y "sancionados", además de sometidos a "desapariciones forzosas". "Las madres hacían largas colas buscando a sus hijos en las comisarías", indica el documento.

Las protestas de julio se vieron seguidas por una serie de marchas convocadas para el 15 de noviembre de 2021, si bien dichas manifestaciones se vieron rápidamente frustradas por las fuerzas de seguridad.