La vieja deuda social del país no hace sino aumentar en el sector salud.
La factura eléctrica amenaza con despojar al PRM de la simpatía de la clase media nacional, pero el tema no se queda ahí, es que también la clase media baja, la pobre y la muy pobre, hace rato que vienen desconfiando de un gobierno que ha descuidado lo social para centrarse en lo empresarial; la carestía en los productos de consumo habitual de la familia dominicana y los bajos salarios tienen a la población en estado de desesperanza, lo cual, se expresa en un aumento significativo de la violencia, los asaltos y la inseguridad ciudadanas.
Antes que referirse a lo social, el gobierno prefiere, hablar de reforma policial, es decir aumentar la represión en los sectores marginados, al tiempo de que, continúa imparable el aumento de los precios porque, sencillamente, el contexto internacional, invita a estimular la producción nacional dado que, los factores externos de inseguridad en el suministro de productos esenciales, así lo sugiere. Sin embargo, la inversión en producción sigue siendo exigua y las exenciones fiscales favorecen la importación y no a la producción nacional. Esta última, requiere insumos a ser importados o cuya producción nacional requiere ser estimulada, por ejemplo, la producción de maíz podría ser incentivada e incluso, muchos de los terrenos del antiguo Consejo Estatal del Azúcar, podría ser objeto de un amplio plan agrícola cuyo excedente podría exportarse.
La vieja deuda social del país no hace sino aumentar en el sector salud. Nadie habla de suministro de medicamentos desde las ARS, nadie habla de habilitar los centros de atención primaria, nadie habla de los centros de segundo nivel, nadie habla de ampliar la cobertura, la política pública en salud se limita a mantener y ampliar los niveles de ganancia de las aseguradoras de riesgos de salud. A pesar de que, se sabe que, no es un mercado libre sino un monopolio del cual es víctima, el propio estado.
Eso de que las pérdidas por ineficiencia de las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica sobre pase el cincuenta por (50%) ciento, es preocupante, porque el gobierno, en lugar de eficientizar el servicio, ha preferido aumentar la tarifa eléctrica de forma sistemática. Aquí el choque con los grupos sociales en apuros económicos, de la clase media hacía abajo, es ya directo. Si a ello se añade la perdida del poder adquisitivo de los salarios por inflación y devaluación frente al dólar, el cuadro es preocupante.
De otra parte, la inseguridad en los predios agrícolas y ganaderos tiene a los productores en ascuas, no es posible que sean éstos quienes tengan que mantener su auto defensa frente a los constantes robos de que son objetos. Esta situación constituye una seria amenaza a la necesaria concentración en producir que requieren. Es desvirtuar su objeto haciendo incluso, en no pocas ocasiones, que desistan de su condición y obtén por emigrar a las ciudades. Si a esto se agrega altos impuestos en los insumos mercados no garantizados y amenazados por importaciones exentas de gravámenes, tendremos un cuadro no agradable para este sector. Obvio, el primer reflejo de ello es la sana protesta de los consumidores.
El sector social está harto de políticas anti nacionales orquestadas desde el seno mismo del gobierno. Esta situación, obviamente, hace descender la popularidad del gobierno y podría acabar con el deseo gubernamental de repostulación.
Lo anterior se refleja, sobre todo, en el hecho de que el gobierno ha pretendido modificar la constitución, pero jamás ha dicho una palabra sobre la aplicación progresiva de los derechos sociales plasmados en la carta magna. Esta contradicción lo sigue sindicando como un gobierno empresarial que desprecia el contenido social de la constitución de la república.
Una cosa es confundir a su propia base de sustentación política al interior del PRM y otra muy distinta es tratar de engañar al resto de la población, los perremeístas, quizás soporten el engaño, pero el resto de la población no está obligado a ello. De ahí la necesidad de que el gobierno entienda que no es para un sector que debe gobernar sino para toda la población.
La gente está de acuerdo con la lucha contra el flagelo de la corrupción y desea que los responsables expliquen su situación en la justicia y, difícilmente votará por un gobierno que deje libre a quienes robaron al pueblo, o que le deje disfrutar de lo robado. Pero, sin pan, sin educación, sin percusión de la corrupción propia, no habrá perdón. La tradicional falta de memoria de este pueblo ha quedado superada por las redes sociales. Ya nuestro pueblo tiene memoria. No puede ser engañado con cantos de sirena, desea realizaciones palpables. Los discursos constituyen herramientas cada vez más obsoletas y contradictorias cuando no resisten la puesta en evidencia de su coherencia en las redes.
Hace poco, unos ciudadanos rurales que no saben leer ni escribir, me mostraban cómo si han aprendido a usar los audios en las redes, por tanto, aun cuando los textos estén escritos, han aprendido a descifrarlos empleando la narrativa de los textos. Esto deben subrayarlo los políticos como modo de enterarse de que están siendo observados por sus mandantes, los votantes. DLH-10-7-2022
