Esta subida vertiginosa en los combustibles provoca un descalce significativo en la finanzas publicas dado debido a que las estimaciones gubernamentales con respecto a estos datos quedaron muy por debajo.
Por Amaury Guzman.
En un contexto internacional incierto, cuando Estados Unidos (principal socio comercial RD) mantiene un horizonte restrictivo en términos monetarios creando un ambiente de alza de interés aumentando de manera significativa el costo de financiamiento, el continuo uso del gasto corriente del gobierno para controlar el nivel de precios a través del subsidio hacia los hidrocarburos, parece ser una necesidad que pudiese traducirse en una calamidad para la estabilidad fiscal de nuestro país.
Si bien esta medida contribuye a la estabilidad de precios, cabe destacar que se necesita de un alto nivel de recaudación impositiva o en su defecto de financiamiento para mantener dicha política; por otro lado, la misma provoca señales e incentivos adversos para la realidad de los agentes económicos, ya que mantiene una expectativa equívoca sobre los costes de transporte. Esto conlleva a que se hagan planes e inversiones con datos que no reflejan la escasez o el valor real de uno de los bienes de mayor incidencia en la estructura de costos de la economía, el combustible.
Esta subida vertiginosa en los combustibles provoca un descalce significativo en la finanzas publicas dado debido a que las estimaciones gubernamentales con respecto a estos datos quedaron muy por debajo. Las previsiones para el precio del petróleo según los lineamientos estratégicos del plan nacional plurianual del sector publico colocaban el precio promedio del petróleo del 2020 al 2023 en 43.9$ dólares el barril, sin embargo el precio promedio real ha sido de 65.83$ dólares el barril, es decir, en términos relativos es un aumento del 50%. Esto en un horizonte temporal de 3 años (cabe destacar que el año que va en curso es en el cual los precios de los combustibles han estado mas presionados al alza por la actual situación bélica de Ucrania).
El gobierno en su objetivo de mitigar la pérdida de bienestar de los agentes ha desbocado las recaudaciones para subsidiar estos aumentos y evitar un desenlace catastrófico, ya que a nivel monetario, los precios de combustibles inciden en el precio de otros bienes de consumo que sí representan gran parte de la disposición a pagar de los agentes.
Según el Presupuesto Nacional (Ley No.345-21) los gastos del Gabinete Social en cuestión de subsidio al GLP tanto al sector transporte como a los hogares deben ser de $3,311,829,996.00 de pesos, en cambio los gastos de subsidio al sector combustible según el portal del Ministerio de Hacienda en las últimas 24 semanas asciende a un monto de $ 18,659,000,000.00, si traducimos estos montos a medidas relativas más fácil de entender, se puede observar que el aumento porcentual es de 463%.
Estos shocks exógenos que afectan el precios de los combustibles fósiles conllevan grandes repercusiones para los países importadores netos de combustible y dependiendo de cómo se manejen traen consigo diferentes consecuencias. El costo político de una percepción del aumento de precios en el sector combustible es inaguantable para el Estado, por tanto, harán todo lo posible para continuar con la política fiscal del subsidio de hidrocarburos, aunque se esté atacando un problema estructural con una solución coyuntural.
Si bien Aumentar el gasto corriente para los subsidios logra apaciguar la presión en los precios en el sector, cabe destacar que la sostenibilidad de este gasto se tendrá a costa de un deterioro de las finanzas públicas afectando otras partidas importantes del presupuesto, y, sin temor a equivocarnos, elevando el déficit fiscal. A todo esto agregamos el costo de oportunidad de no utilizar estos recursos para atacar otras problemáticas sociales que ya no se podrán atender debido al uso de estos recursos en el sector combustible.
En conclusión a nadie le gusta tener que pagar más por bienes necesarios para el día a día, sin embargo no se puede mantener una ilusión económica a costa del futuro financiero de todos. Los precios describen el nivel de escasez de los bienes, al gobierno entrometer sus narices y subsidiarlo en tal magnitud que distorsione las expectativas de los agentes, provoca pérdidas a mediano plazo luego que estas ayudas o subsidios no puedan mantenerse.
Las políticas públicas deben hacerse orientadas a mejorar y preservar la calidad de vida de los ciudadanos, no solamente para mantener una estabilidad y aumentar la percepción de seguridad por parte de las autoridades, para, luego de aumentar su popularidad y lograr su reelección, tener que resolver las problemáticas provocadas por mantener el subsidio más tiempo de lo que aconseja la prudencia.
(Amaury Guzmán es economista).
