Estas zonas, para estimular la inversión, flexibilizan normas sobre impuestos, requisitos de inversión, empleo, trámites, acceso a recursos e insumos, cuotas de exportación y repatriación de capitales.
Por Humberto Márquez
CARACAS – Venezuela se apresta a replicar la experiencia de las zonas económicas especiales (ZEE), el mecanismo con el que más de 60 países han tratado de acelerar la inversión y el crecimiento de sus economías, mientras bajo su gobierno declaradamente socialista se abre paso un “neoliberalismo silencioso”.
El propósito de las ZEE es “dar condiciones especiales para la confianza económica de los inversionistas que vengan de todo el mundo, el desarrollo productivo para romper definitivamente con el rentismo petrolero”, dijo el presidente Nicolás Maduro al promulgar el 20 de julio la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales.
Las ZEE “90 % de las cuales están en Sur global, son un catalizador de procesos de reestructuración económica y vienen de la mano de la expansión de la economía neoliberal”, observó a IPS el sociólogo Emiliano Terán, investigador en el no gubernamental Observatorio Venezolano de Ecología Política.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), en 2019 había en el mundo 5383 ZEE y otras 508 estaban en formación, de las cuales 4772 en países en desarrollo, 2543 solo en China y 737 en el sudeste asiático.
En América Latina y el Caribe había 486, de las cuales 73 en República Dominicana, unas 150 en América Central, siete en México y 39 en Colombia.
Las ZEE son principalmente comerciales como puertos libres o zonas francas, en las que se suprimen cuotas de importación, impuestos aduanales o a las ventas; industriales, con énfasis en mejorar infraestructura disponible para las empresas; de emprendimientos urbanos o mineros; o de procesamiento de exportaciones.
Su característica principal es que, para estimular la inversión, sobre todo extranjera, se flexibilizan normas sobre impuestos, requisitos de inversión, empleo, trámites, acceso a recursos e insumos, cuotas de exportación y repatriación de capitales.
Un ojo sobre el ambiente
En Venezuela, las cinco primeras zonas decretadas son la árida península de Paraguaná, al noroeste; la isla de Margarita, en el Caribe sudoriental; La Guaira y Puerto Cabello, que son los mayores puertos, en el centro del litoral caribeño, y la casi solitaria isla La Tortuga, a unos 200 kilómetros al noreste de Caracas.
Paraguaná (3400 kilómetros cuadrados) es asiento de un gran complejo refinador de petróleo, y Margarita (1020 kilómetros cuadrados) ha sido por décadas zona libre de impuestos a las ventas y meca turística de la clase media venezolana.
Puerto Cabello y La Guaira son esencialmente puertos para importaciones hacia el poblado centro-norte del país, cuyas principales exportaciones, petróleo y metales, se realizan desde muelles en las zonas productoras del este y el oeste.
Sobre La Tortuga, de 156 kilómetros cuadrados y sin población permanente, se proyectan complejos hoteleros, aeropuertos, marinas y campos de golf, con alertas de grupos ambientalistas porque en sus aguas, arrecifes y suelo hacen vida y se reproducen cinco especies de tortugas, 73 de aves y decenas de peces y cetáceos.
Economía limitada
“Preocupa el tema ambiental, pero cuesta creer que el gobierno tenga los recursos o los inversionistas para esa cantidad de hoteles que se piensa construir en La Tortuga”, dijo a IPS el economista Luis Oliveros, docente en las universidades Metropolitana y Central de Venezuela.
Las decretadas ZEE venezolanas “parecen más anuncios que realidades, y aunque nos guste que el gobierno piense en el crecimiento y desarrollo de la mano de la inversión privada, para eso hace falta muchísimo más. Aún debe aclararse qué exactamente persigue el gobierno con esas zonas”, comentó Oliveros.
En Venezuela “hacer unas ZEE tiene limitaciones, como las sanciones (impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea) y la necesidad de que se generen estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, materias pendientes”, agregó.
Al cabo de siete años de hundimiento –y tres de hiperinflación- el producto interno bruto anual de Venezuela, que pasaba de 300 000 millones de dólares hace una década, está entre 50 000 y 60 000 millones de dólares, según coinciden economistas.
La producción de petróleo, principal palanca de la economía y fuente de ingresos fiscales, se ha empequeñecido y está a la espera de nuevas inversiones, mientras el Estado busca desesperadamente ingresos exportando crudo con descuentos o vendiendo el oro que se extrae con gran daño ambiental en el sureste del país.
Atraer inversiones puede ser cuesta arriba para unas ZEE aún sin contornos precisos, si se considera que, por ejemplo, empresas importantes no han tocado la puerta para levantar la producción petrolera -600 000 barriles diarios cuando hace una década eran tres millones- a pesar de las señales favorables enviadas por Estados Unidos.
Desde marzo, contactos informales entre Washington y Caracas, impulsados por el impacto de la guerra en Ucrania sobre el mercado energético mundial, han explorado, sin éxitos hasta ahora, flexibilizar sanciones y otras medidas para que con nuevas inversiones Venezuela regrese al mercado petrolero estadounidense.
Plan neoliberal
En el sureste del país, una zona rica en oro, hierro, diamantes, coltán y otros minerales, se decretó en 2016 el Arco Minero del Orinoco, de 112 000 kilómetros cuadrados (más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal) como “zona de desarrollo estratégico”, y se entregó su control y gestión a la Fuerza Armada.
El Arco Minero, “ha sido un antecedente de un nuevo modelo que impulsa el Estado para atraer inversiones, pero con depredación del ambiente y restricción de los salarios y los derechos de los trabajadores”, alertó en un foro en la Universidad Central el docente de Economía en esa casa de estudios, Luis Crespo.
“Las zonas económicas especiales son parte de un neoliberal plan de ajuste silencioso que adelanta el gobierno del presidente Maduro”, sostuvo Crespo.
La ley de las ZEE venezolanas –dictada por la Asamblea Nacional legislativa, de la que se excluyó la mayoría de la oposición política- reza que su propósito es desarrollar un nuevo modelo productivo, promover la actividad económica nacional y extranjera, y diversificar y aumentar las exportaciones.
Asimismo, impulsar la innovación, la industria y la transferencia de tecnología, crear empleo y “velar por la sustentabilidad ambiental de los procesos productivos”.
La terminología socialista o de transición al socialismo, usual en el discurso político del gobierno y del oficialista Partido Socialista Unido, está ausente en la legislación de las ZEE y en los reiterados llamados a que acudan capitales privados.
“Se sigue el ejemplo de China, a su vez seguido por otros países, de utilizar a las ZEE como vitrina de las formas heterodoxas de acumulación de capital, en un proceso de progresiva neoliberalización de la economía, a medida que se agota el modelo petrolero” de producción y distribución de riqueza, expone Terán.
Agrega que “no puede verse a las ZEE solo bajo indicadores macroeconómicos”, pues se convierten en “zonas de sacrificio social y ambiental, con una nueva geografía política del despojo, y con abaratamiento de la mano de obra, especialmente la de las mujeres trabajadoras”.
Según la Unctad, aunque haya diferencias en las ZEE entre un país y otro y dentro de los países, entre sus rasgos comunes están tener un área geográfica claramente definida, un régimen regulatorio distinto del resto de la economía, y un especial soporte de infraestructura para el desarrollo de sus actividades.
Las ZEE venezolanas se guiarán con un consejo que nombrará libremente el presidente de la república, cada una tendrá una autoridad única que nombrará el presidente, y el decreto que establezca una zona debe considerarlo el parlamento en un plazo de 10 días hábiles o se lo dará por aprobado, sin discusión.
Áreas como las ZEE, el Arco Minero o zonas especiales militares, en la práctica recomponen la división político-administrativa del país, que solo en teoría es una república federal con 23 estados más un distrito capital.
En otra jugada política, el 23 de agosto Maduro propuso públicamente a su nuevo par colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, quien asumió la presidencia colombiana el día 7, crear una zona económica especial binacional, entre el suroeste de Venezuela y el noreste de Colombia.
“Vamos a proponerle al presidente Petro la construcción de una gran zona económica, comercial y productiva entre el departamento Norte de Santander (Colombia) y el estado Táchira (Venezuela)”, dijo Maduro.
Las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y de tránsito han estado cortadas desde febrero de 2019.
En Táchira, portavoces del empresariado se han mostrado favorables a que ese estado andino de 11 000 kilómetros cuadrados obtenga regímenes especiales que favorezcan el comercio con el vecino, y sus pares en Colombia apuestan por una recuperación del comercio bilateral, que fue próspero hasta la primera década de este siglo.
Finalmente, Terán inscribe la esperada activación de las ZEE como posible “nuevo pacto de élites en Venezuela”, al cabo de más de 20 años de aguda confrontación política, pero advierte que, “hay alternativa, porque aunque difuminada, dispersa y con nueva fisonomía, la protesta contra esos pactos nunca ha cesado”.
Publicado originalmente por Ipsnoticias.net
