Las apresuradas leyes de Danilo

Por: José Francisco Peña Guaba

Escribo este artículo de opinión, como casi todos, en la tranquilidad de la madrugada, al leer un comunicado del Pleno de la Junta Central Electoral, de fecha 2 del corriente mes, que versa sobre la llamada “Consulta” convocada por el PLD, para adelantadamente escoger a su potencial candidato presidencial.

Quiero aclarar previamente, el respeto y la amistad que guardo con valiosos dirigentes de esa organización, y en especial mi estima personal hacia Danilo Medina, por lo que aquí expondré, es parte de mi bien conocida posición crítica u opinión sobre diversos temas políticos y electorales, producto de la franqueza con la que trato de escribir, y por qué no decirlo, de la experiencia de más de 40 años en estas lides, y sobre todo lo hago sin interés de hacer daño alguno a la dirigencia y militancia de los morados, más aquella que nace de la natural diferencia, de la diversidad de ideas y de la competencia democrática.

Al leer el comunicado de marras, observo el establecido criterio del Pleno de la JCE, sobre las claras debilidades legales de la llamada “Consulta” que desea hacer el PLD, y que hoy se ve atrapado en esta decisión, cuya culpa es producto sinceramente de los errores estratégicos cometidos en el ayer desde el poder por mi amigo, el expresidente Medina y de su círculo más cercano, que quisieron hacerse un traje a la medida para buscar la reelección, pero “como la prisa es plebeya”, cometieron, por lograr apresuradamente su aprobación, todo tipo de yerros jurídicos, de los cuales mencionaré algunos a continuación:

1. Se impuso desde el poder de entonces, una fecha inamovible e intrincada condiciones para la elección de todos los candidatos/as, con la Ley Núm. 275-97 hasta cierto punto era de libre determinación en tiempo de los partidos, sin embargo se obligó con la Ley Núm. 33-18, que fueran todos escogidos a más tardar en el mes de octubre del año preelectoral (para esta ocasión lo será en el año 2023), apenas unos pocos meses antes de las elecciones municipales, con el fin de que la cercanía a los comicios les diera ventaja al gobierno para ganar las elecciones municipales, y con esa percepción triunfadora imponer en mayo a su candidato presidencial, y que su contendor, en este caso Leonel Fernández, no tuviese tiempo de actuar o de posicionarse electoralmente, las leyes electorales establecieron plazos fatales, con la imposibilidad de realizar las escogencias antes, fue obra del anillo palaciego, con la aquiescencia del amigo presidente Medina;
2. Todo lo que está en las leyes, tanto en la del Régimen Electoral como en la de Partidos Políticos que hoy tenemos, fue hecho solo para beneficiar al proyecto reeleccionista de entonces, ese plan hecho a la medida le ha creado grandes dolores de cabeza al sistema de partidos, a las Altas Cortes, y, sobre todo, a los aspirantes a candidaturas, porque las mismas están llenas de contradicciones, de artículos contrapuestos, que violan los derechos libérrimos de los ciudadanos, hecho por lo cual varios de esos articulados han sido declarados no conforme con la Carta Magna por el Tribunal Constitucional, constituyéndose en un verdadero adefesio jurídico, particularmente la Ley Núm. 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero también es tal la discordancia entre ésta y la Ley Núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, que no pocos estudiosos de la materia entienden que es mejor o más fácil hacer nuevas leyes y derogar las existentes, porque no hay forma de hacer tantos remiendos, dicha posición fue externada públicamente por el presidente de la Comisión, el representante de la provincia Sánchez Ramírez, el senador Ricardo de los Santos, que está conociendo las reformas a las legislaciones electorales en la Cámara Alta;
3. De la decisión de la JCE sobre la ilegal “Consulta” solo tienen responsabilidad, de que está no tenga real valor jurídico, los que hicieron aprobar en el Congreso en el año 2018 ese mamotreto jurídico, por encima del criterio ciudadano y de la mayoría de las organizaciones políticas, que no puedan tener hoy un candidato presidencial formal y legal a tiempo tanto los morados como todos los partidos políticos, eso fue obra de una parte de la cúpula del PLD, que impusieron esas iniciativas a “sangre y fuego”, por lo que hoy reciben “una cucharada de su propia medicina”;
4. La realidad es que esas mismas leyes también son la causante del divorcio de los morados con la casi totalidad de los partidos políticos, porque en las leyes actuales existe la intención aviesa de extinguirle la personería jurídica a todos los partidos minoritarios, estableciendo como condición para que estos la mantuviesen obtuvieran más de un 1% de los votos en sus respectivos recuadros, cosa casi imposible en un sistema pluripartidista y clientelar como el nuestro, donde el 80% de los recursos de la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas van a parar a las finanzas de dos o tres partidos solamente, entonces era totalmente discriminatorio el exigirles de manera taxativa más de 60 mil votos por cada nivel de elección, para un total de 240 mil sufragios a un partido emergente, sin tener los necesarios recursos económicos disponibles, está urdimbre liquidacionista del sistema de partidos no se concretó, siendo sinceros, por la gallarda decisión que por medio de una resolución aplicó el principio constitucional de favorabilidad en beneficio de los partidos políticos antes de marcharse, el Pleno de la JCE, que presidía mi amigo el doctor Castaños Guzmán;
5. Quien a sabiendas que existían 27 partidos políticos reconocidos por ante la JCE, apostó por cerrarle la oportunidad de acuerdos a la mayoría de los partidos políticos, estableciendo solo un 20% como tope de candidaturas para las alianzas, lo que hacía muy intrincada la realización de las mismas por la limitante de espacios para acordar con tantas organizaciones, y así constituir una coalición electoral, esa misma forzada ley cuya aprobación fue realizada buscando solo garantizar la reelección presidencial;
6. Los plazos establecidos llevan para el 2 de julio del año próximo la apertura de la precampaña interna, por ende legalmente hasta esa fecha no podrán haber precandidatos oficiales de ningún partido; los candidatos a nivel municipal, que son el 90% de todas las candidaturas, llevan la peor parte en esta ecuación, porque oficializan sus candidaturas en noviembre del año 2023, y en febrero del 2024 son las elecciones, dejándole menos de tres meses de campaña realmente por los asuetos navideños;
7. Lo que no observan los que aspiran a cargos electivos, es que el tiempo está corriendo en contra para armar los acuerdos u alianzas electorales, porque los partidos políticos deben decidir las reservas de candidaturas para alianzas con otras organizaciones 30 días antes del inicio de la apertura de las precampaña, o sea para el 2 de junio, y es por ello que a los partidos políticos solo les queda 7 meses para negociar una difícil repartición de espacios de candidaturas, en donde existen 158 municipios, más de 236 distritos municipales y 22 circunscripciones electorales, incluyendo las 3 de exterior.
8. Pero el dolor de cabeza mayor lo tiene la administración electoral, a cargo constitucionalmente de la Junta Central Electoral, que ha pedido en varias ocasiones reformar prontamente las leyes electorales, para poder garantizar eficiencia y total transparencia en los resultados para las elecciones municipales de febrero, y las legislativas y presidenciales en mayo, por las múltiples disquisiciones que hay en estás que le imposibilitan organizarlas con asegurado éxito sin que se tengan posibles y difíciles inconvenientes, que para quien esto escribe fundamentalmente son dos: los inaplicables plazos legales y el complicado escrutinio o conteo de los votos manuales de las tantas candidaturas preferenciales, que son el reto mayor, a nuestro entender que tendrá para salir bien librada la JCE;
9. Lo peor de todo es que gracias a los del gobierno anterior, tenemos una ley que no nos sirve y que será ahora honestamente difícil de reformar en consenso, porque hemos esperado demasiado para actualizarla, y penosamente entraron en juego ya los intereses electorales de los grandes partidos, en donde existen algunos que piensan que tal vez no le es conveniente la reforma y apuestan a que el caos organizativo en los procesos de selección y elección de candidatos, para los próximos comicios como se avizora, tal vez, les beneficie;
10. “Esos polvos, trajeron estos lodos”, frase popular que hace referencia a que esas impuestas leyes, en especial la Ley Núm. 33-18, es la causante de todo el desastre democrático que tenemos hoy, que impiden que los partidos escojan a tiempo sus candidatos, que limitan las candidaturas a ceder a posibles aliados y que convierten en un complejo entramado el cumplimiento de los plazos de dichas leyes, pero, más aún, el peor crimen a la democracia es el de extender el mal llamado voto preferencial nueva vez a las casi 1,800 candidaturas a regidores y vocales, cosa esta absurda que lo único que hará es que la competencia electoral sea un mercado persa de la política, donde no ganará el que tenga más popularidad o apoyos, sino el que tenga más dinero a invertir en su campaña, lo que ha hecho de este mercado electoral el más clientelar de toda la América latina, donde para ser electo como un simple regidor hay que gastar una millonada.

El derecho libérrimo que tiene el PLD para escoger a tiempo su candidato presidencial no debería tener traba alguna, pero fue la ley impulsada por el danilismo la que estableció esta limitante, no tiene pues opción la JCE, el no reconocer como válida o legal la llamada “Consulta” de los morados.

La Junta no tenía otra opción que actuar apegada a esas injustas leyes por el principio “dura lex, sed lex”, aforismo en latín que se traduce como “la ley es dura, pero es ley”, porque permitir o validar esa violación a dichas leyes era el abrir las compuertas para que cualquiera de los 28 partidos políticos reconocidos por esa institución, pudiesen hacer lo mismo en aras de seleccionar una forma de adelantar en la práctica la escogencia de su candidato presidencial, y así buscar a tiempo, como fuera lo justo, el tratar de posicionarlo en el mercado electoral.

Es cierto que el lastre de estas atropelladas leyes le hacen difícil hoy el camino al PLD en el nivel presidencial, lo admito como también reconozco siendo objetivo, realista y sin pasión alguna, que esta situación les beneficia básicamente a una eventual repostulación del presidente Abinader, y claro está, a la adelantada aspiración de volver por cuarta vez al Palacio Nacional, al último de los caudillos, el doctor Leonel Fernández.

Pero apegados a la verdad histórica, es que lo que está viviendo hoy el Partido de la Liberación Dominicana al estar imposibilitado a tiempo de oficializar un candidato presidencial propio, es resultado de la imposición de ellos mismos, de su cúpula, es pues de su absoluta responsabilidad y autoría lo que les afecta hoy con estas leyes, porque al tratar de hacerse un traje a la medida, con la única intención de quedarse en el poder quiméricamente una facción del PLD en el 2020, lo único que consiguieron fue perder las elecciones en todos los niveles de elección, y como secuela de esto, es lo que está morando hoy en injusta situación los morados, porque sé y no voy a negar reconocer que esta imposibilidad de tener su candidato presidencial a tiempo, saca de la ecuación electoral y de la competencia en el nivel presidencial a ese partido, pues está claro que la polarización para el 2024 será solo entre el PRM y la FP, cosa de la cual no me alegro, aunque apoye al doctor Leonel Fernández, ya que desde el FOPPPREDOM llevo años defendiendo el derecho de todos los partidos, y en esta ocasión creo lo mismo y no me voy a desdecir, porque el PLD debería tener la opción de escoger su abanderado presidencial para las próximas elecciones cuando le conviniese, pero que no lo tenga es producto de la tozudez y la acción supina de los anteriores inquilinos de la mansión de Gazcue, que no podrán echarle en esta ocasión culpa alguna de su desgracia por la exclusión de la competencia presidencial para los próximos comicios, ni a la JCE, ni al gobierno, mucho menos al PRM ni a la Fuerza del Pueblo, porque ellos mismo son los únicos o absolutos culpables, porque al decir del pueblo fue con sus propias impuestas y desesperadas leyes electorales que perdieron los comicios en el 2020, y se encaminan a estar fuera del balotaje presidencial para mayo del 2024, porque es innegable el hecho de que estos estimados amigos “afilaron cuchillo para su propia garganta”.