FISCALDOM podría detener la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
Santo Domingo.-La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), intimó al Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, a fin de que en el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2023, sean asignados a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir sus necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público y de la institución
El coordinador general del gremio, Dr. Francisco Rodríguez Camilo, dijo que la solicitud se hace en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley No.194-04, y advierte de que en caso de no obtemperar a su requerimiento, los fiscales del país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye, la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
Rodríguez Camilo manifestó que, conjuntamente con el Presidente de la República, también fueron intimados los señores Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la República; Alfredo Pacheco Osoria, Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana; José Manuel (Jochi) Vicente, Ministro de Hacienda y José Rijo Presbot, Director General de Presupuesto
Dijo que los mencionados fueron intimados y puestos en mora para que en la elaboración, formulación, presentación y aprobación del presupuesto general de la nación para el año 2023 se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuradora General de la República puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del Ministerio Público.
Explica que la intimación busca cumplircon lo que se dispone en los artículos 1 y 3 de la Ley No.194-04; y en el numeral 9.1.11, páginas 18 y 19 de la Sentencia TC0001/15 de fecha 28 de enero del año 2015, emitida por el Tribunal Constitucional, según consta en el acto No.304/2022 de fecha 20 de septiembre del año 2022, notificado por el Ministerial Isaac Rafael Lugo, Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.
Manifestó que como fruto de la negativa de los gobiernos anteriores de asignarles los recursos que les corresponden a la Procuraduría General de la República, a todos los miembros del Ministerio Público se les han violado sus derechos fundamentales, porque reciben el pago de un salario pírrico e insignificante, en violación a lo que disponen las leyes 78-03 (derogada) y 133-11.
Dijo que las leyes de referencia les asignan un salario, remuneraciones e incentivos al mismo nivel o superior al que les pagan a los jueces ante los cuales ejercen sus funciones, motivo por el cual, no soportarán más burlas de parte de las autoridades, ni violaciones de derechos fundamentales en perjuicio de todos los fiscales del país.
Argumentó el magistrado Francisco Rodríguez Camilo que los fiscales no pueden ejercer ninguna otra actividad pública, ni privada; que trabajan en condiciones de peligrosidad, combatiendo la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y a pesar de todo, sus precariedades económicas los obliga a vivir en barrios marginados, conviviendo ellos y sus familias en sus vecindarios, rodeados de los focos de delincuencia
Indicó que esos funcionarios del Ministerio Público no tienen un plan de seguro médico de alta cobertura, por lo que en los últimos 15 días han muerto tres fiscales, por carecer de buenas atenciones médicas y de medicamentos; que hay más de 50 fiscales en mal estado de salud provocado por el estrés laboral, padeciendo de cáncer, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, estomacales, digestivas, depresivas, ansiosas, Alzheimer, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca.
Informó que más de veinte fiscales están esperando la pensión por vejez o discapacidad. Sin embargo, no tienen un plan de retiros, pensiones y jubilaciones, como lo ordena la Ley No.133-11, en sus artículos 106 y 107, lo que trae como consecuencia que los hijos, la esposa (o) y los dependientes de los miembros del Ministerio Público están condenados a quedar desamparados, en miseria, y en precariedades.
Refiere que las condiciones descritas no suceden con los jueces del Poder Judicial, los del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Central Electoral, la Policía Nacional, los militares, los maestros, los empleados del Banco de Reservas y del Banco Central.
Rodríguez Camilo dijo que FISCALDOM, ofrece su apoyo total a la gestión y al trabajo realizado por las magistradas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso Gómez, las cuales son personas justas y defensoras de los mejores intereses del país.
