“Han suprimido servicios públicos cuando más se necesitaban y, en cambio, han permitido que los milmillonarios y las grandes empresas se embolsen beneficios récord”, agregó Gabriela Bucher.
OXFORD, Reino Unido – Un índice elaborado por la coalición internacional contra la pobreza Oxfam mostró que los gobiernos de todo el mundo “alimentaron una explosión de desigualdad” con sus políticas de gastos e impuestos durante la pandemia covid-19 desatada a comienzos de 2020.
Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, dijo que “nuestro índice muestra que la mayoría de los gobiernos ha fracasado a la hora de tomar las medidas necesarias para contrarrestar la explosión de desigualdades generada por la pandemia”.
“Han suprimido servicios públicos cuando más se necesitaban y, en cambio, han permitido que los milmillonarios y las grandes empresas se embolsen beneficios récord”, agregó.
El “Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad 2022”, o Índice CRI, fue elaborado junto al grupo de gestión de finanzas para el desarrollo DFI (Development Finance International), y analizó políticas y medidas que 161 países aplicaron durante los dos primeros años de la pandemia.
Casi la mitad (77) de los países estudiados recortaron su gasto en protección social, y 70 % rebajaron el presupuesto destinado a la educación.
La mitad de los países de renta baja y media-baja recortaron su gasto en salud, pese a experimentar la mayor crisis de salud pública del último siglo.
A pesar del aumento sin precedentes de la pobreza, y de que los trabajadores se enfrentan a un alza del precio de los alimentos y la energía no vistos en décadas, dos tercios de los países no equipararon su salario mínimo al crecimiento económico.
Y pese a la enorme presión sobre sus finanzas públicas, 143 países congelaron los impuestos aplicables a su población más rica, y 11 países incluso los rebajaron.
Por ejemplo Francia cayó cinco puestos en el CRI, de la casilla siete a la número 12, tras reducir los tipos de impuesto sobre la renta empresarial y por eliminar el que en 2019 gravaba la riqueza.
Jordania ha reducido en una quinta parte su gasto en salud a pesar de la covid, Nigeria no actualiza su salario mínimo desde antes de la pandemia, y Estados Unidos no ha subido su salario mínimo federal desde 2009.
“Afortunadamente, hay ejemplos de gobiernos decididos, desde el Caribe hasta Asia, que no han seguido esta tendencia y han tomado firmes medidas para controlar las desigualdades”, dijo Bucher.
Por ejemplo, Costa Rica aumentó el tipo superior del impuesto sobre la renta en 10 puntos porcentuales, y Nueva Zelanda lo hizo en ocho puntos.
El Territorio Palestino Ocupado aumentó su gasto social, que ha pasado de 37 a 47 % de sus presupuestos generales.
Barbados introdujo un conjunto exhaustivo de leyes para mejorar los derechos laborales de las mujeres, y Maldivas por primera vez comenzó a aplicar un salario mínimo en todo el país.
El Índice combina los datos de políticas y medidas adoptadas en materia de servicios públicos, impuestos y remuneración del trabajo, para elaborar su clasificación.
Los 10 primeros puestos corresponden a economías industrializadas encabezadas por Noruega, a la que siguen Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Japón, Dinamarca, Nueva Zelanda, Eslovenia y Finlandia. Polonia lidera en medidas tomadas en favor de los servicios públicos, pero su política tributaria es reprobada.
Los 20 situados al final de la lista son 17 países de África al sur del Sahara, Laos y Omán en Asia, y Haití en el Caribe.
Entre 25 países de América Latina y el Caribe –no se incluyó a Colombia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y algunos caribeños-, la mejor ubicada es Argentina, en la casilla 32, seguida de Chile (38), Costa Rica (52), Uruguay (58), El Salvador (59), Belice (60), México (66), Barbados (67), Guyana (69), Bolivia (71) y Ecuador (75).
El informe mostró que en 2021 los países de renta baja destinaron 27,5 % de sus presupuestos al pago de la deuda, lo que equivale a dos veces su gasto en educación, cuatro veces su gasto en salud y casi 12 veces su gasto en protección social.
Matthew Martin, director de DFI, afirmó que “es perfectamente posible y de sentido común evitar el aumento de las desigualdades. La desigualdad es una elección política; los gobiernos deben dejar de anteponer los más ricos al resto de la población”.
Oxfam y DFI consideran que la crisis de desigualdad global, dentro y entre los países, ya sobrecargada por la pandemia, está exacerbada por los altos niveles de inflación y se agrava por el impacto de la guerra en Ucrania, especialmente por el aumento de los precios de los alimentos y la energía.
La crisis global del costo de vida empujó a 71 millones de personas a la pobreza solo entre marzo y junio de este año, sobre el telón de fondo de que 828 millones de personas padecen hambre, 150 millones más que antes de la pandemia, según Oxfam.
Otro aspecto de la crisis es que la pandemia aumentó las vulnerabilidades económicas de las mujeres y la violencia de género, y revirtió décadas de progreso en la paridad de género, a pesar de que las mujeres han estado en la vanguardia de las respuestas a la covid.
Los sectores informal y de hostelería se vieron gravemente afectados por la pandemia, lo que provocó la pérdida de ingresos y medios de subsistencia de las mujeres. Solo en 2020, se estima que las mujeres perdieron alrededor 800 000 millones de dólares en ingresos.
El análisis culmina con una crítica a la insistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se adopten nuevas medidas de austeridad para reducir la deuda y los déficits presupuestarios
Tres cuartas partes de los países en el mundo prevén nuevos recortes en sus presupuestos en los próximos cinco años, por un valor de 7,8 billones (millones de millones) de dólares, según datos del FMI considerados en el Índice CRI.
