El denominado Protecom o servicio de asistencia al usuario, es un espacio para burlarse de los usuarios, este no funciona, no supervisa nada, ni presta atención a los reclamos de los usuarios.
La Superintendencia de Electricidad (SIE) está conduciendo al usuario del servicio de electricidad a la confrontación con las Edes o empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, en razón de que carga todo el peso de dicha facturación al consumidor final sin observar la ley. Si la SIE observara la ley descubriría que los mayores violadores de la ley de electricidad son las Edes, pues solo por redes en mal estado, desperdician más del treinta (30%) de la energía que distribuyen y comercializan. Pero, en lugar de sancionarlas, actúan en contubernio con estas para cargar su ineficiencia gerencial al consumidor. Este problema viene de lejos, pero nunca como ahora se está viendo el abuso que se comete contra el usuario de este vital servicio. Primero, la política de privatización que inició con la Ley 141-97, permitió desmembrar a la desaparecida CDE; luego, se pasó al sector privado las generadoras, las Edes, etc., y se dijo al país que desaparecerían los apagones y que la energía eléctrica llegaría al consumidor final a precios competitivos.
Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Un buen ejemplo de violación a la ley, es que los consumidores no disfrutan de buena facturación allí donde la energía proviene de fuentes hidroeléctricas, de energía de viento, de biomasa, ni de energía solar. Es decir, el usuario no goza de resultados positivos en función de que la energía sea fósil o renovable. Al final su bolsillo no refleja el cambio de ninguna naturaleza. Tampoco obtiene devolución por los constantes apagones. Todo en violación flagrante de la ley. De donde se infiere que la SIE y las Edes son quienes violan la ley, pero solo se aplica de forma exorbitantes a los usuarios.
El denominado Protecom o servicio de asistencia al usuario, es un espacio para burlarse de los usuarios, este no funciona, no supervisa nada, ni presta atención a los reclamos de los usuarios. Esto implica que se están cerrando las vías institucionales y se está abriendo espacio a que los usuarios deban reclamar en las calles sus derechos. Las altas facturación iniciaron durante la pandemia en el gobierno de Danilo Median, el señor Luis Abinader pauso cuando ascendió al poder dicho abuso, pero a medida que se ha consolidado en el gobierno ha estado dando luz verde a las Edes para que abusen del usuario con altas e ilegales facturaciones, pues los tribunales han dicho ya, que la resolución que aumenta el precio de la energía eléctrica de modo gradual se realizó en olímpico desprecio por el debido proceso de ley para llegar a ese fin. Luego de la decisión, solo existe el desacato a la misma. Al tiempo que los aumentos continúan imparables.
Se sabe que todo el peso de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid 19, Luis Abinader la ha puesto sobre las espaldas de la maltratada clase media mientras, otorga combustible y energía exentos del pago de impuestos a ciertos sectores empresariales y a inversionistas extranjeros. Es decir, sostiene un gobierno que beneficia a los ricos mientras desprecia y sobre carga a la clase media y a los pobres. Es, por tanto, un gobierno de corte oligárquico que busca hacer desaparecer a las pequeñas y medias empresas junto a los consumidores.
Estas actuaciones son todas inconstitucionales porque el Estado Social y Democrático de Derecho establece que el Estado tiene como función esencial ir en apoyo de los sectores vulnerables y nunca apañar ni proteger a los oligarcas. El derecho administrativo regulador al igual que el derecho administrativo sancionador son los mecanismos con que cuenta el Estado Social para viabilizar la protección social de las denominadas clases subalternas, sin embargo, el presente gobierno está haciendo, desde su asunción al poder, exactamente lo contrario. Es decir, está violando sistemáticamente el contrato social que lo vincula al pueblo que lo eligió pensando que su suerte mejoraría y lo que está obteniendo es la traición más descarada, pues lo que está ejecutando difiere diametralmente con la oferta que hizo al electorado.
El sector social eléctrico junto con el sector de los usuarios consumidores ya ha quedado edificado y convencido de que este gobierno es un gobierno oligarca que habrá de ser enfrentado en las calles, pues como no respeta las decisiones de la administración de justicia ni la ley se ha apartado de su propia legalidad, por tanto, habrá de ser enfrentado por los sectores lesionados en sus derechos.
Un gobierno informado, un gobierno que escucha debería saber que no puede cargar la ineficiencia de las Edes al consumidor. Aquí se ha apañado el desastre del gobierno anterior en el sector eléctrico, se ha hecho show judicial con los que estafaron al Estado y a los consumidores y todo ha quedado en nada. Se dijo que se perseguiría a los que desfalcaron el sector eléctrico y nada se ha hecho; se dijo que Punta Catalina sería del pueblo porque con dinero del pueblo fue construida para que el pueblo tuviese energía barata y el gobierno ha faltado a su palabra.
Encima de lo anterior, el presente gobierno ha mostrado una sólida incapacidad gerencial puesto que no le ha importado comprar combustibles a precios exorbitantes en el marcado mundial pues sabe que, al final de la jornada, cargará el coste de su ineficiencia al usuario. Esta irracional y clasista política debe cesar a la mayor brevedad, pues que claro que así nos administra un Estado social de derechos.
El presidente Abinader dado continuidad a políticas privatizadoras de gobiernos anteriores, demostrando con ello, que se ha confabulado con los enemigos del pueblo y de la clase media para exterminarlos sacándoles hasta el último peso del bolsillo. Es un protector de Danilo Medina y de sus funcionarios corruptos. Ha traicionado a las bases del PRM y se ha puesto al servicio de los peores intereses nacionales. Un gobierno así debe ser enfrentado institucional y políticamente porque ha abandonado su propia legalidad para pasar a formar parte de los enemigos del pueblo.
La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM) junto a otras organizaciones hermanas se aprestan a defender los derechos de los usuarios en todos los escenarios, particularmente, en el ámbito de la legalidad administrativa, pues el gobierno está aplicando la ley de electricidad de forma sesgada y en perjuicio de las grandes mayoría nacionales. DLH-24-10-2022
