El 12 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que cesaba la admisión de venezolanos que cruzasen informalmente su frontera sur.
Por Humberto Márquez
CARACAS – Miles de venezolanos que cruzaban la espantosa selva de Darién entre Colombia y Panamá, o que transitaban penosamente por América Central y México para llegar a Estados Unidos, han quedado atrapados en países que no los quieren, sin poder seguir su marcha y casi sin recursos para devolverse a su país.
Súbitamente, el 12 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que cesaba la admisión de venezolanos que cruzasen informalmente su frontera sur, los devolvería a México y, en contrapartida, abriría hasta un tope de 24 000 cupos anuales, durante dos años, para aspirantes a ingresar por vía aérea y bajo un nuevo cúmulo de requisitos.
“Ya estábamos dentro de Estados Unidos, cuando el presidente Joe Biden dio la orden, pero nos montaron en una camioneta y nos devolvieron a México. No es justo, el día 12 ya habíamos pasado”, dijo entre lágrimas a periodistas un joven que se identificó como Antonio, entre los primeros reenviados a la ciudad fronteriza de Tijuana.
Era uno de los aproximadamente 150 000 venezolanos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos este año, para sumarse a los 545 000 que ya estaban en territorio estadounidense a finales de 2021, según sus autoridades.
Raúl estuvo en un grupo que demoró una semana para cruzar selva, ríos y montes en Darién, sorteando maleza, lluvias, fango, hambre, sed, y la amenaza de alimañas y asaltantes. Cuando llegó al corregimiento indígena de Lajas Blancas en el este de Panamá se enteró de la nueva norma estadounidense que volvía inútil su travesía.
Allí contó al político opositor venezolano Tomás Guanipa, quien visitó el corregimiento en este mes de octubre, que “el recorrido es demasiado duro, vi morir gente, alguien a quien no pude salvar porque se lo llevó un río, y no valió la pena, ahora lo que debo hacer es regresar, vivo, a mi país”.
En Panamá, como en Costa Rica, Honduras, Guatemala y por supuesto en México, ahora hay miles de venezolanos varados, unos aún con el propósito de alcanzar y cruzar la frontera estadounidense, otros intentando conseguir recursos para emprender el regreso.
Llenan los refugios donde se les acoge, a menudo sobrecargados y con escasos recursos para atenderles, a veces duermen en las calles, o se les ve caminando y pidiendo comida o algún dinero, cortado abruptamente el sueño de llegar a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Ese anhelo se alimentó porque Estados Unidos flexibilizó para los venezolanos la posibilidad de otorgarles asilo, como parte de su confrontación con gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo.
Además, estableció un estatuto de protección que de manera temporal permite la estadía y labor de los venezolanos que llegasen a su territorio.
Venezuela ha vivido una crisis económica y política en la última década que, con el empobrecimiento de la población, produjo el mayor éxodo en la historia del hemisferio: según agencias de las Naciones Unidas, han salido del país 7,1 millones de personas, una cuarta parte de su población.
Una elección en el medio
El aluvión de migrantes venezolanos que llegaban por la frontera sur coincidió con la dura campaña electoral para renovar este noviembre el legislativo Congreso estadounidense, y la cual puede resultar en el control de sus dos cámaras por el Partido Republicano, fuertemente opuesto al demócrata Biden.
Gobernadores y candidatos republicanos del sur, muy opuestos a la política migratoria y apertura a los venezolanos de la Casa Blanca, decidieron enviar autobuses, e incluso un avión con venezolanos solicitantes de asilo, hacia localidades del norte gobernadas por autoridades demócratas.
Así, y a menudo con ofertas engañosas, centenares de venezolanos fueron llevados y abandonados a la intemperie en Nueva York, Washington o Martha´s Vineyard, una isla donde veranean millonarios en el nororiental estado de Massachusetts.
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional denunciaron el empleo de los migrantes como botín político o arma arrojadiza en la lucha electoral.
En ese clima, el gobierno de Biden dio un giro a su política hacia los venezolanos, les cerró las puertas en la frontera sur, reactivó el Título 42 del compendio legislativo estadounidense, que permite la expulsión inmediata de personas por razones de salud, y pactó con México la devolución de los migrantes a ese territorio.
Los 24 000 cupos anuales dispuestos como consuelo, para migrantes que cuenten con patrocinadores responsables de su sostén en Estados Unidos, más requisitos como no intentar el cruce ilegal de fronteras o no tener refugio en otro país, equivale casi al volumen mensual de venezolanos que buscaron el suelo estadounidense este año.
¿Y ahora qué?
En lo inmediato quedan en un limbo quienes iban en camino y ahora deberán regresar al país, donde muchos vendieron desde su ropa hasta la vivienda para costear la aventurada travesía.
A Caracas comenzaron a llegar cientos de venezolanos en vuelos que ellos mismos han sufragado desde Panamá, mientras en México y otros países se aguarda la posibilidad de viajes aéreos gratuitos, de carácter humanitario, porque miles de migrantes han quedado en la indigencia.
Hay familias enteras que ya eran migrantes en otros países, como Chile, Ecuador o Perú –donde Lima es una ciudad con un millón de venezolanos-, pero decidieron dejar esas plazas ante un ambiente hostil o las dificultades para conservar empleos u ocupar una vivienda digna, en un clima generalizado de inflación en la región.
Es el caso que narró a periodistas Héctor, quien con esposa, suegra y tres hijos invirtió casi 10 000 dólares en pasajes desde Chile hasta la isla colombiana de San Andrés, en el Caribe, de allí en bote a Nicaragua, y viaje por tierra hasta que en Guatemala les sorprendió el anuncio del gobierno estadounidense.
Ahora, en contacto con algunos familiares en Estados Unidos, desgrana la posibilidad de devolverse al país que dejó hace tres años rumbo a Chile, o tratar de seguir, a la espera de que se abra otra opción de ingreso a su deseado destino.
También en lo inmediato, Estados Unidos registra que los cruces o intentos de cruzar clandestinamente su frontera, han disminuido sensiblemente desde el 12 de octubre.
Entre las justificaciones de su medida en esa fecha, Washington dijo que buscaba combatir la trata de personas y otros delitos asociados a la migración irregular, y desalentar el peligroso cruce de fronteras en el Darién.
Según datos del gobierno panameño, entre enero y el 15 de octubre de este año llegaron a su territorio 184 433 migrantes irregulares en tránsito desde la selva, de los cuales 133 597 eran venezolanos.
Tras su regreso al país el martes 25, Guanipa aseguró a IPS que eran venezolanos al menos 70 % de los migrantes que cruzaron el llamado Tapón del Darién los últimos 12 meses, junto a otros latinoamericanos, caribeños o africanos.
Y, después de recoger testimonios de la terrible travesía, pidió a sus compatriotas que “por ninguna razón arriesguen la vida” en ese tramo que es la inhóspita puerta desde Sudamérica del istmo centroamericano.
El gobierno venezolano ha inscrito el movimiento migratorio y la situación del Darién en la confrontación política y mediática que sostiene con Estados Unidos, considera que las cifras de migrantes son abultadas y afirma que, al contrario, más de 360 000 compatriotas han regresado al país desde 2018.
Responsables de agencias de las Naciones Unidas, y de organizaciones humanitarias internacionales, consideran que dada la persistente crisis en Venezuela continuará el flujo migratorio, por lo que piden a los países de acogida normas y mecanismos que faciliten la inserción de los migrantes en sus comunidades.
Si en Estados Unidos han dado un portazo a los migrantes de a pie, en países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México y algunos de América Central se alistan nuevas reglas para modificar la política de mano tendida a los venezolanos.
Por ejemplo, Ecuador modificó la ley de Movilidad Humana para aumentar las causales de deportación, como “representar una amenazan a la seguridad”, y Colombia –el mayor país de acogida de sus vecinos- eliminó la oficina para la atención e integración socioeconómica de la población migrante.
Panamá exigirá visa a quienes se devuelvan desde América Central o México, Perú trabaja para cambiar la reglamentación para la población migrante y el gobierno de Chile, que en el pasado expulsó en sucesivos vuelos a cientos de migrantes, anunció que tomará medidas para resguardarse de la inmigración indeseada.
De los 7,1 millones de venezolanos hasta septiembre registrados como migrantes por las agencias de la ONU, la inmensa mayoría de ellos salidos del país desde 2013, casi seis millones estaban en los vecinos países latinoamericanos y caribeños.
Familias enteras no solo han buscado el Norte, en Estados Unidos o Europa, sino que recorrieron miles de kilómetros, en viajes inéditos en sus vidas, con tramos en autobús pero a menudo a pie, por pasos clandestinos de selva o frías montañas, para llegar a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina o Chile.
Otros prueban suerte en las vecinas y hostiles islas del Caribe y decenas perdieron la vida al naufragar los atestados botes en los que trataban de llegar a costas seguras.
Ante lo explosivo del fenómenos, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecieron una plataforma para programas de ayuda a los migrantes en la región y a las comunidades de acogida, la cual coordina un antiguo vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein.
De su presupuesto para 2022, basado en ofertas de países e instituciones donantes, por 1700 millones de dólares, solo han podido colectar 300 millones, en otra muestra de los migrantes venezolanos han dejado de tener protagonismo en el escenario internacional.
Publicado originalmente por Ipsnoticias.net
