Resulta que la República Dominicana es uno de los Estados con mayor número de órganos de prevención del delito pero, a la vez, es donde existe la mayor inobservancia de las normas.
Un polo turístico donde puede observarse la ausencia de seguridad ciudadana es la provincia de Samaná. Este paradisiaco rincón de la isla que, se negó a recibir a los invasores que encabezaba Cristóbal Colón, que resistió a huestes piratas incluido Napoleón Bonaparte, pero que acogió a esclavos libertos procedentes de Estados Unidos en el siglo XIX, es hoy la Meca del turismo de aventura de la isla. Es un lugar donde la vegetación tropical, la amabilidad de sus pobladores y el paisaje marino conquistan al visitante y lo convierte en nativo de su belleza.
Sin embargo, asechan peligros como consecuencia de la irresponsabilidad estatal en materia de seguridad ciudadana. Esto da lugar a que de tiempo en tiempo, es decir, de manera intermitente en periodos de tiempo no tan largos, ocurran hechos abominables que afectan a extranjeros que seducidos por la belleza y el clima del sitio, deciden tomarlo como su lugar de residencia. Así, el más frágil de los consumidores: el turista, se encuentra, de buenas a primeras, en completo estado de indefensión ante la mirada irresponsable del Estado.
Resulta que la República Dominicana es uno de los Estados con mayor número de órganos de prevención del delito pero, a la vez, es donde existe la mayor inobservancia de las normas. El motón de órganos existentes, sumados todos son igual a cero seguridad, debido a que operan sin coordinación y sin responsabilidad. Allí y, en toda República Dominicana, los órganos de seguridad operan para auto anularse los unos a los otros. La explicación del fenómeno es múltiple aunque predecible. Un buen ejemplo, es el caso pulpo, actualmente en los tribunales, quien analice este expediente desde la perspectiva ciudadana, puede darse cuenta de que el país se encuentra en absoluta indefensión, pues los denominados “cuerpos de seguridad” y la seguridad turística, operan con base a propósitos muy alejados de la seguridad ciudadana.
Ahí, el denominado individualismo occidental, juega un papel nocivo, en razón de que no se distingue el bien común del bien individual. Todo queda como un tema en el cual individuos aislados violentaron las reglas pero, nadie ha hecho el ejercicio de establecer si los cuerpos infectados de corrupción han sido saneados, nadie dice al país si el cáncer de la corrupción ha quedado extirpado de manera definitiva. El tema se salda con muertes frecuentes y aisladas aunque separadas en el tiempo y punto.
Entendemos que el gobierno está en la obligación de garantizar la seguridad ciudadana en general y turística en particular en Samaná y todo el territorio nacional. El país cuenta con las herramientas de lugar para lograrlo, pero debe actuar como cuerpo con una dirección única: el bien común llamado seguridad ciudadana. Si los gobiernos municipales o ayuntamientos ponen a su personal a actuar conforme a orientaciones de garantía de seguridad a la ciudadanía y al turista, la situación puede ser diferente. A ello se llama concienciación en materia de seguridad turística. Pero también, el personal del ministerio de Medioambiente; el ministerio de Turismo, la Policía Nacional y los órganos de seguridad del Estado incluidos los que prestan servicios domiciliarios de telefonía, de electricidad, de basura y de otros servicios, pueden garantizar la seguridad siempre que se cuente con una coordinación interinstitucional adecuada. Que es lo que hacen las mafias organizadas. Las cuales han conseguido tener para sí, la coordinación de los órganos públicos de forma difusa pero efectiva.
No hay razón para que el personal de la Dirección de Migración, de la Dirección de drogas, por ejemplo, no posea una coordinación directa y efectiva con turismo, los ayuntamientos y Medioambiente junto a la Policía Nacional. Incluso, podría crearse un órgano mixto que realice la labor de coordinación entre estos porque, de hecho, esto no se hace de manera preventiva, pero cuando los hechos ocurren, se da dicha coordinación a posteriori, cuando lo que la ciudadanía requiere es lo inverso.
Obvio, sin eliminar la contingencia. Para lograr tal propósito no se requiere ser un especialista en seguridad, lo que se requiere es saber distinguir entre el bien común y el bien individual. Es en este punto donde ocurre la mayor dificultad porque partidos políticos que operan con base a ideologías clientelares desplazan a personal calificado y actúan desde el Estado bajo la mentalidad de que el Estado y sus órganos constituyen un botín político que les fue otorgados para que efectúen acciones de enriquecimiento individual en confrontación directa con el bien común, con el bien público. Lanzando al zafacón, el bienestar general.
El país no puede darse el lujo de perder su turismo solo porque individuos aislados, personal corrupto o clientelar o la mafia organizada, deseen vivir libremente de acabar con la seguridad ciudadana. Un país organizado como nación jurídicamente organizada como Estado, no puede permitir este tipo de comportamientos. No solo los órganos de seguridad requieren ser concientizados al respecto también la burocracia estatal en general y en particular. Lo que hizo grande a Estados Unidos de Américas y a otras naciones es el saber distinguir entre bien público y bien individual. Si bien, la finalidad última de la sociedad occidental es el individuo, esta finalidad no puede conseguirse a expensas de la inseguridad de la colectividad. El gobierno está obligado a trabajar este dilema hasta resolverlo.
La Policía Nacional, por ejemplo, es un cuerpo imprescindible que, otorga un servicio que debe ser adecuadamente remunerado pero, también, requiere de una mística y de valores asociados directamente al bien común; por tanto, desde el momento en que se fomenta el partidarismo a su interior, las tendencias, etc., se está propiciando el caos. Como refiere el administrativista Peter Drucker, el problema no está en las personas, sino en la filosofía con que trabajan. Un cuerpo policial antidemocrático donde constantemente se violan los derechos humanos de sus integrantes, donde no se les remunera adecuadamente, no puede prestar el servicio que demanda el bien común en democracia. Ese personal debe y puede ser dignificado con jornadas de trabajos humanizadas, con condiciones de trabajo idóneo y con su familia fortalecida por los derechos sociales previstos en la constitución de la república.
El presente gobierno dijo poseer planes antes de instalarse, después de instalados, no ha hecho más que dar tropiezos en falso. Dejo que podía asegurar la seguridad ciudadana desde el Oeste y el problema se multiplica sin plantear una sola solución democrática, por el contrario, se observa un espíritu beligerante a problemas que se resuelven con sentido común y con más democracia. DLH-21-11-2022
