El Seguro Familiar de Salud paga por los servicios demandados por los afiliados.
Por Arismendi Díaz Santana
Porque la libre elección permite que los afiliados asignen los recursos de acuerdo a sus propias preferencias y satisfacción, mientras que en la asistencia social el presupuesto privilegia el clientelismo, la corrupción y las demandas gremiales, sin que para nada los pagos estén vinculados al desempeño, ni a la satisfacción.
El Seguro Familiar de Salud (SFS) garantiza el acceso universal al cuidado de la salud, minimizando el riesgo de quiebra familiar y de las pequeñas empresas, bajo la lógica popular de “hoy por ti y mañana por mí”. Es la superación del viejo seguro social y de las antiguas sociedades de socorro mutuo.
El SFS protege contra las complicaciones de salud, las cuales suelen ser impredecibles, inesperadas, impostergables y perturbadoras. Diversos estudios demuestran que la ausencia de un seguro familiar de salud, suele ser la causa principal de la quiebra de muchas micros y pequeñas empresas.
Entonces, ¿Por qué, a pesar de estas ventajas, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y aliados plantean eliminarlo, para volver a la asistencia social de Salud Pública? ¿Cuál es la verdadera razón de ese repentino cuestionamiento de un seguro médico con más de 70 años, y que nunca fue cuestionado durante más de medio siglo bajo el reinato del IDSS?
La función del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) es financiar el derecho a la protección social de todos los dominicanos y las dominicanas. Pero, como los recursos siempre son limitados, ello implica delimitar el alcance de tales derechos. Los políticos los prometen todos pero al carecer de suficientes recursos, terminan reduciéndolo a una simple asistencia social, sujeta a la disponibilidad y a la discrecionalidad del sistema.
Para evitar la degradación de este derecho fundamental y esencial, el Plan Básico de Salud (PBS) se constituye en una concreción viable y sostenible del derecho universal a la salud. Para garantizar su cumplimiento cabal, con los recursos disponibles. le pone nombres y apellidos a todos los servicios que incluye, asegurándose de poder pagarlos regularmente.
El Seguro Familiar de Salud paga por los servicios demandados por los afiliados. En la asistencia social el presupuesto se gasta, independientemente de la cantidad y calidad de los servicios prestados
La razón principal de este rechazo es que en el SFS todos los recursos se asignan para pagar los servicios garantizados, y a los prestadores sólo se les paga según su desempeño. Ello obliga a “ganar dinero con el sudor de tu frente”, y no como en la asistencia social, donde el monto del salario está predeterminado, independientemente de que se trabaje o no, y de la dedicación y calidad del desempeño.
Además, porque la libre elección les transfiere a los afiliados el gran poder de escoger a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) y a los médicos y centros de salud (PSS). De esta forma, son los afiliados quienes terminan asignando los recursos, de acuerdo a sus propias preferencias y satisfacción, con derecho a cambiarlos si no les satisfacen. Se trata de un cambio real en la relación médico/paciente. No es perfecto, pero mucho mejor, y puede ser mejorado.
En cambio, en la modalidad de asistencia social de Salud Pública, el presupuesto privilegia el clientelismo, atendiendo primero las demandas gremiales y de los suplidores, sin que para nada el pago esté vinculado al desempeño, ni a la satisfacción. Constituye un estímulo permanente a la ley del menor esfuerzo, a la mediocridad, ya que se paga igual, y se aumenta igual, trabaje o no se trabaje, cumpla o no se cumpla. ¡Todo el poder para los grupos de presión, a costa de los afiliados y contribuyentes!
El Plan Básico de Salud (PBS) está obligado a garantizar, sí o sí, el conjunto de los servicios incluidos. Y por eso costea las prestaciones, ya que no puede ofrecer más servicios que los que puede pagar con los recaudos. Como no puede extender los pies más allá de la sábana, necesita administrar el riesgo, monitoreando y supervisando el proceso.
En cambio, como en la asistencia social, no existe ninguna garantía concreta, no es necesario estimar costos porque los servicios se prestan con lo que sobra del presupuesto. Cero garantías reales de derechos. Sujeción total de la demanda (los afiliados) a los intereses de la oferta (políticos + médicos + suplidores).
El resultado es que casi siempre aparecen recursos para aumentar los salarios y complacer a otros grupos de presión, mientras casi nunca alcanzan para comprar medicinas, sábanas, placas y los reactivos necesarios para atender a las familias más pobres y vulnerables. De ahí las frecuentes carencias, discontinuidad, baja calidad, deterioro de los equipos y la falta de mantenimiento de la planta física. ADS/470/26/01/2023
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