La empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para obtener cuantiosos contratos durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
La primera en advertirlo fue la hoy Procuradora General de la República, Mirian Germán Brito siendo presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia: con ese expediente, basado en especulaciones y conjeturas, sin ningún elemento probatorio, será imposible determinar responsabilidades.
La magistrada pagó un precio muy alto al denunciar el carácter político del expediente: “Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de las delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones precisas sobre actividades tajantes de los imputados. Abundan el “yo creo”, “me parece”, y en algunos aspectos, una categórica negativa”.
Los hechos posteriores a la denuncia del soborno del Ministerio Público se encargarían de darle la razón a la magistrada Germán, que luego fue sacrificada en un acto bochornoso por el ex presidente Danilo Medina y su lacayo Jean Alain Rodríguez, ex procurador preso acusado de corrupción.
La empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para obtener cuantiosos contratos durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. (Solo el ex presidente Mejía habló desligándose de cualquier acto de corrupción y poniendo sus bienes y los de su familia a disposición del Ministerio Público en caso de hallar cualquier elemento que lo vincule a hechos violatorios de la ley. Los demás ex presidentes, Fernández y Medina, a pesar de que durante sus gobiernos se firmaron casi todos los contratos y que la oficina de sobornos fue trasladada desde Brasil a Santo Domingo, por razones de seguridad y confiabilidad en las autoridades, no dijeron nada. Tampoco fueron investigados ni interrogados al respecto).
La mayoría de los imputados fueron descartados. Algunos declarados inocentes o “no culpables” por falta de pruebas. Al final solo quedó el abogado Conrado Pittaluga, que finalmente fue puesto en libertad. Condenados sólo fueron el ex ministro de Obras Públicas, el ingeniero Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón, que apelaron la sentencia. Díaz Rúa fue condenado por “enriquecimiento ilícito” cuando fue acusado por soborno, en tanto que Ángel Rondón fue condenado por soborno.
Lo que no entiendo -al igual que muchas otras personas- ¿cómo es que Díaz Rúa es acusado de soborno y termina condenado por enriquecimiento ilícito. Y ¿cómo es que Rondón es condenado por soborno, pero no aparece en el expediente un solo sobornado? Es simple: el expediente fue preparado desde un principio para que nadie resultara condenado. Los sobornados no aparecen. Los 92 millones de dólares que Odebrecht admite que otorgó en soborno, no aparecen. Nadie los recibió. Ningún diputado, ningún senador, ningún ministro y ningún presidente de la República a pesar de que la oficina de soborno se mudó de Brasil a Santo Domingo durante los gobiernos del PLD, partido que dijo haber recibido diez millones, no sé si de pesos o de dólares, El PLD debió ser investigado y enjuiciado por lavado de activo, soborno y corrupción, entre otros delitos, al igual que sus principales dirigentes. ¡Pero no se hizo!
Tanto Díaz Rúa como Ángel Rondón están convencidos de que serán absueltos, porque no pueden ser condenados por algo que no le ha sido probado en buen derecho.
Lo correcto sería un nuevo juicio, fruto de una nueva investigación, seria, despolitizada, que incluya a los que recibieron los 92 millones de dólares de soborno: ex presidentes de la República, ex senadores, ex diputados y ex ministros, para que se haga justicia, para que los verdaderos prevaricadores terminen en la cárcel. Con el expediente de Odebrecht Danilo Medina y su pupilo Jean Alan y el PLD, se burlaron de la justicia. Elaboraron un expediente político con el propósito de que no se hiciera justicia, para que la impunidad se impusiera al final, como parece que ocurrirá.
No soy fiscal, ni juez, pero ¿cómo los jueces de la Tercera Sala Penal pueden condenar a los imputados sin los elementos probatorios necesarios para su condena? Están, sin duda, ante una situación difícil. De todos modos, ¿cómo le dirán a este pueblo que después de siete años de discusiones y debates jurídicos no hay culpables, que el expediente, como dijera la magistrada Mirian Germán, no contiene elementos probatorios, que agotado el “debido proceso” siete años después, los imputados tienen que ser descargados de toda responsabilidad judicial?
¡Sería devastador para el sistema judicial dominicano que difícilmente puede condenar a los políticos acusados de corrupción. Para ellos la impunidad es una constante a lo largo de los años! condenar a un pobre es fácil, condenar a un político corrupto es casi imposible. Creo ha llegado el momento de que el pueblo se empodere y exija un cambio radical en el sistema de justicia del país para que todos seamos medidos con la misma vara, para que no haya injusticia, ni privilegio ante la ley.
