“Los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias”.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora de corte Mirna Ortiz deploró la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que varía la prisión preventiva a un imputado por corrupción administrativa del Caso Medusa y lamentó que los jueces sigan sin asumir la magnitud de los casos de corrupción procesados por el Ministerio Público.
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que “los tribunales continúan dando decisiones bajo un pensamiento ortodoxo”.
Al ser consultada por los periodistas sobre la decisión el juez Amauri Martínez de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, la litigante indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias, atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud, como tampoco la legislación está adaptada a casos de esta magnitud”.
Sostuvo que frente a los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público en estos momentos producto de sus múltiples operaciones contra la corrupción y la impunidad se hace necesario, sin dilaciones y conforme lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, “extender los plazos por la cantidad de imputados, la cantidad de pruebas, y la complejidad de la obtención de dichas pruebas; cosas que no se habían visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana”.
“Entonces, los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso, incluso, el juez tampoco escuchó el llamado y el clamor de una víctima que le dijo a la justicia dominicana a través de una denuncia que su vida se sentía amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada más y nada menos que la exesposa del imputado”, añadió.
Al variar la prisión preventiva al acusado Solano, el juez Martínez le dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica por un monto de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
La litigante de la Pepca resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso, “que la cárcel no era eterna, o sea, poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.
“El juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, deploró Ortiz.
Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público además de Ortiz estuvo representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.
Involucrados en el caso
Además de Alfredo Alexander Solano, el proceso también se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
