Rosalía Sosa entiende que lo más importante es contar con un Ministerio Público que administre el sistema penitenciario.
Una funcionaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) defendió la creación del Ministerio de Justicia para quitar funciones que no son propias de la Procuraduría General de la República, como el manejo del sistema carcelario, el control de casas, alquileres y desahucios.
Rosalía Sosa fue entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27,
La Vicerrectora de Extensión de la y ex directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, planteó la importancia de que exista un ente de control y fiscalización de las normas porque el Poder Ejecutivo tiene incidencia en el sistema de justicia.
“Estamos tarde, hace mucho tiempo que se debió crear el Ministerio de Justicia”, precisó.
La destacada jurista y académica recordó que la Constitución de la República establece que el Ministerio Público es el que implementa la política criminal del Estado, particularmente la persecución penal.
Rosalía Sosa sostiene que el Ministerio Público tiene muchas funciones que no le son propias, como son la administración del sistema penitenciario.
Sostiene que el Ministerio Público tiene muchas funciones que no le son propias, como son la administración del sistema penitenciario, por lo cual se necesita deslindar las actividades para contar con un órgano con las competencias propias que mandan la Constitución y las leyes.
Sosa entiende que lo más importante es contar con un Ministerio Público que administre el sistema penitenciario.
“Estoy segura que con la creación del Ministerio de Justicia van a venir muchos cambios porque va a haber un ente del Poder Ejecutivo que va a articular las cuestiones vinculadas al sistema de justicia”, significó.
Advirtió que se necesita un sistema penitenciario fuera de la Procuraduría General de la República, porque más del 60% del presupuesto que recibe esa entidad se lo lleva el sistema penitenciario.
También consideró que actualmente no hay un ente que coordine las reformas con el Poder Judicial, como era el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
Asimismo, afirmó que actualmente no hay una institución que defienda al Estado ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
Advirtió que se necesita un sistema penitenciario fuera de la Procuraduría General de la República, porque más del 60% del presupuesto que recibe esa entidad se lo lleva el sistema penitenciario.
“No tenemos una figura clara que vaya ante la Comisión, cuando se ponga una denuncia, o que vaya ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entonces ahí está también una de las funciones innovadoras e importantes que debería jugar el Ministerio de Justicia”, adujo.
Sugirió la inclusión de la Dirección de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, como dependencia del Ministerio de Justicia, porque el Código Procesal Penal dispone que las víctimas tengan una representación legal.
“Creamos el Sistema Nacional de Defensa Pública, pero no tenemos la representación legal de los derechos legales de las víctimas, la víctima está huérfana”, significó.
“Necesitamos un sistema de protección de víctimas y testigos”
La exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, planteó la creación mediante una ley de un sistema de protección de víctimas y testigos de hechos delictivos.
Consideró que debe haber protección de testigos para que si se hace necesario puedan ser sacado del país y hasta cambiarle la identidad por ser clave para que se soporte una pretensión penal que pueda llegar a donde se quiere en materia de persecución.
“Toda norma que se implementa, necesita mejoras continuas”, dijo la destacada jurista y académica, tras recordar que el nuevo Código Procesal Penal tiene 17 años de implementación, desde que entró en vigor en septiembre del 2004.
“Si nos estamos abocando a casos complejos, muy complejos, de crimen organizado, trata, tráfico, corrupción, en muchas ocasiones se necesita una especial protección tanto a la víctima como al testigo”, agregó.
Indicó que hay situaciones que están pendientes a raíz de la entrada en vigencia de la norma, como la creación de un sistema de protección de víctimas y testigos.
“Si nos estamos abocando a casos complejos, muy complejos, de crimen organizado, trata, tráfico, corrupción, en muchas ocasiones se necesita una especial protección tanto a la víctima como al testigo”, agregó.
Sosa expuso que, en muchas ocasiones, la Procuraduría General de la República lo ha hecho mediante auto, pero entiende que la figura debe estar revestida de una fuerza legal.
Observó que las modificaciones de que ha sido objeto el Código Procesal Penal tiene que ver solamente con plazos que acomodan al Ministerio Público, pero que van en perjuicio del imputado.
