Embargan residencia de empresario acusado por delitos financieros y lavado de activos

En 2021, el empresario fue acusado de defraudar a más de veinte víctimas por más de RD$200 millones y USD$400mil dólares.

Santo Domingo, Rep. Dom. Miembros del Departamento de Ejecuciones de la Fiscalía del Distrito Nacional junto a efectivos de la Policía Nacional embargaron los bienes de la residencia del señor José Dencil Mera Jiménez este lunes 13 de febrero, acusado por delitos financieros y lavado de activos.

El embargo de los bienes de Mera Jiménez fue practicado en virtud de la Resolución No. 057-2022-SMED-00001 de fecha 28 de febrero del 2022, dictada por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El pasado 23 de septiembre del 2022, el Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, encabezado por los Magistrados Karina Concepción, Elizabeth Tucent y Carlos Vidal presentaron formal Acusación Penal en contra de los señores José Dencil Mera Jiménez y Fabio Ureña Ortiz.

Ambos empresarios fueron acusados de conformar un esquema criminal a través del cual defraudaron a más de veinte (20) víctimas, dominicanos y estadounidenses,  quienes les confiaron sus ahorros y fueron estafados por más de RD$200 millones y USD$400mil dólares.

De acuerdo con la Acusación, el fraude fue realizado mediante la captación masiva de dinero a través de diversas sociedades comerciales controladas por los acusados y los familiares de Mera Jiménez.

En su momento, el Ministerio Publico señaló que, a través de dichas sociedades comerciales, desde el 3 de abril de 1992 al 1 de septiembre de 2020, el imputado falsificó, utilizó documentos de comercio falsos, estafó, adquirió y administró activos provenientes de infracciones graves en perjuicio de las víctimas de nacionalidad dominicanas y estadounidenses.

Se recuerda que el 11 de octubre del 2021, la Policía Nacional ejecutó una orden de arresto en contra de José Dencil Mera Jiménez, siendo este apresado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). 

Posteriormente, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente le impuso el arresto domiciliario por 18 meses con localizador electrónico e impedimento de salida del país. 

Este alegado fraude se une al amplio catálogo de operaciones fraudulentas y estafas piramidales que han sido revelados por el Ministerio Público y cuya solución se encuentra ahora en manos de la justicia.