La decisión se debe a la "particular gravedad" de la situación económica de las cuentas de la Santa Sede.
El Papa ha decretado que los cardenales y obispos deberán pagar por los apartamentos que ocupan en el Vaticano, ya que ha establecido que ningún líder de la Curia tendrá derecho a tener una propiedad de la Santa Sede de forma gratuita o con condiciones favorables.
Esta nueva disposición ha sido publicada por algunos medios italianos, como el periódico "Il Gazzetino". Sin embargo, la nueva regulación, conocida como "Rescriptum", aún no ha sido confirmada oficialmente por la oficina de prensa del Vaticano.
La disposición papal ha ordenado la abolición de los alojamientos gratuitos y ventajosos para los miembros de la Curia Roma, incluyendo cardenales, jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, ejecutivos, auditores y sus equivalentes en el Tribunal de la Rota Roma.
El texto no menciona la posibilidad de que se lleven a cabo desahucios, sino que establece que los arrendamientos de las viviendas sean reprogramados sin perjudicar los contratos existentes.
El Papa ha pedido a todos que "hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede", resolviendo así que los miembros de la Curia Roma empiecen a pagar de su bolsillo las viviendas que ocupan, en algunos casos, grandes palacios vaticanos.
La norma se extiende a todos los inmuebles propiedad de las Instituciones y Entidades curiales que se refieren a la Santa Sede, y su objetivo es aumentar los ingresos procedentes de la gestión de los bienes inmuebles.
El Pontífice puso de manifiesto la necesidad de que "todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede
Además, se aplicarán rentas por el uso de inmuebles que sean análogos a las que se usan en Italia para quienes no trabajan ni prestan servicio a la Santa Sede o al Estado de la Ciudad del Vaticano.
La nueva disposición no afecta a las facilidades ya concedidas en la fecha de su entrada en vigor, y los contratos ya estipulados antes de la entrada en vigor de la disposición continuarán hasta su vencimiento natural, pero podrán ser prorrogados o renovados solo de acuerdo con las disposiciones anteriores.
Esta medida económica se ha tomado para sanar el déficit en el balance de la Santa Sede de los últimos años, agravado por la pandemia de coronavirus. Esta decisión se suma a la ya tomada por el Papa Francisco de disponer un recorte de sueldos en la Curia romana que llegó al 10% en el caso de los cardenales.
Según informa el diario "Il Gazzetino", el Papa tomó esta decisión después de reunirse el 13 de febrero de 2023 con el español Maximino Caballero Ledo, actual prefecto de la Secretaría para la Economía, quien expuso la "particular gravedad" de la situación económica de las cuentas de la Santa Sede.
En ese momento, el Pontífice puso de manifiesto la necesidad de que "todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión de los bienes inmuebles".
Con Información de Europa Press
