La sentencia dictada por la magistrada Milagros M. Ramírez dispone que la pena privativa de libertad dictada deberá ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Tres hombres han sido condenados a 30 años de prisión por matar a balazos a otro hombre por viejas rencillas personales en el sector Las Cañitas del Distrito Nacional de la República Dominicana en enero de 2020.
Los acusados, Carlos Manuel Flete (Chacho), Yeraldin Mariano (Geral) y Jefry de Jesús Mariano, fueron sentenciados por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional luego de recibir las pruebas presentadas por los fiscales litigantes Orlando Santos y Julia Vásquez, recolectadas durante la investigación por el fiscal Vladimir Viloria Ortega.
El expediente de la Fiscalía del Distrito Nacional establece que los tres hombres atacaron a Michael Ramírez Evans el 31 de enero de 2020 alrededor de las 6:00 pm mientras se encontró frente a su residencia sentado en un motor con un niño en sus brazos.
Flete y Jeffry de Jesús Mariano sujetaron a Ramírez Evans por la espalda mientras que Yeraldin Mariano salía de un callejón contiguo portando un arma de fuego y le disparó en el costado izquierdo. Los tres agresores huyeron rápidamente del lugar después de realizar varios disparos al aire, dejando a la víctima mortalmente herida en el pavimento.
Flete fue arrestado al día siguiente después de ser identificado por dos vecinos que presenciaron el crimen, mientras que los hermanos Yeraldin y Jeffry Jesús Mariano, quienes se encontraron prófugos de la justicia, fueron apresados en la ciudad de Puerto Plata seis meses después de cometer el hecho.
Los procesados fueron condenados por asociación de malhechores, asesinato y porte ilegal de armas, delitos previstos y sancionados por los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 , para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La sentencia dictada por la magistrada Milagros M. Ramírez dispone que las penas a los privativos de libertad deberá ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde actualmente se encuentran recluidos los sentenciados. Esta decisión es un ejemplo del compromiso del Ministerio Público con la justicia y el estado de derecho, y envía un mensaje claro de que los delitos graves no serán tolerados en la sociedad dominicana.
