Sostiene que en la medida que el caso avance pueden producirse otras detenciones.
La solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar ha sido presentada este lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional
El expediente contiene la acusación a los integrantes de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
La Coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
Ortiz dijo que la investigación del proceso fue realizada siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de investigación de criminalidad organizada
Acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a los fiscales Andrés Mena, Miguel Collado, Marinel Brea, Rosa Alba García, Arolin Lemos, Elvira Rodriguez y Emmanuel Ramirez.
La coordinadora de la Pepca detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Ortiz señaló que el Ministerio Público está listo para conocer la medida cuando el tribunal fije la audiencia.
La litigante especificó que estas investigaciones apenas comienzan y que según vaya avanzando pueden producirse otras detenciones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
Ortiz dijo que la investigación del proceso fue realizada siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de investigación de criminalidad organizada
En la ejecución de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
