La red de tráfico ilícito de migrantes había sido desmantelada aunque su líder continúa prófugo.
El Ministerio Público ha obtenido ocho meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso contra los miembros de la red de tráfico ilícito de migrantes detenidos durante la Operación La Ruta que tuvo lugar el pasado 5 de marzo.
La medida se impuso a Juan Agustín Batista, Willians Ramón Batista, Briam Rosario, Justino Abreu, Manuel Castillo y Felipe Sánchez, quienes cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega, y en la Fortaleza de Cotuí, en Sánchez Ramírez, respectivamente.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Sánchez Ramírez también decidió que Victoriano Aracena recibiera prisión domiciliaria por motivos de salud.
El tribunal tomó esta decisión después de que los fiscales Ginna Matías y Francis Valerio, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Sánchez Ramírez, respectivamente, aportaran pruebas que fueron acogidas por la jueza Dorka Altagracia Vásquez Peguero.
La PETT, junto con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, en colaboración con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), desmanteló la red transnacional de criminalidad organizada liderada por Henri Reyes Muñoz, quien se encuentra prófugo.
La red utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes (Trinidad y Tobago) y Guatemala, con destino final en los Estados Unidos de Norteamérica. Cobraban 15,000 dólares por cada migrante.
En los 12 allanamientos realizados en las provincias La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago, se encontraron pasaportes visados fraudulentos de diferentes países, vehículos, computadoras, celulares, armas de fuego y municiones que prueban su participación directa en esta estructura de criminalidad organizada.
Además, personas vinculadas a delitos usaban sus servicios para salir del país y evadir la persecución penal.
La fiscal titular de la provincia Sánchez Ramírez, Juana Hernández, junto con los fiscales Gina Matías y Francis Valerio, participó en la operación.
El equipo de fiscales también contó con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), la Dirección Central de Prevención, Operaciones Especiales, el Departamento de Inteligencia Sensitiva (DIS) y las demás Agencias de Investigaciones Especializadas de la Policía Nacional.
El Ministerio Público provisionalmente imputa a los arrestados la violación de lo establecido en los artículos 147, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como en el artículo 7, literal H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Ley 631-16, para el Control y
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