Los juristas han destacado que únicamente el Ministerio Público podría reclamar indemnizaciones en nombre del Estado.
Los juristas Francisco Franco y Julio Cury han expresado sus dudas acerca de la legalidad de la representación del Estado en los procesos penales que se están llevando a cabo contra funcionarios de la pasada administración.
Según Franco y Cury, los abogados que dicen representar al Estado lo hacen en nombre de la Presidencia de la República o la Administración Pública Central, pero no del Estado en sí mismo.
Los juristas argumentan que el Estado está compuesto por los tres poderes clásicos y los órganos constitucionales extrapoder, y que el presidente de la República representa al Estado en el marco del derecho internacional, pero no en el orden interno.
Además, explican que la Constitución solo reconoce al primer mandatario como jefe de Estado en un sentido protocolario, representativo y certificador como símbolo de la unidad nacional.
Franco y Cury también han señalado que los abogados que dicen representar al Estado se amparan en una ley que fue aprobada por el Congreso en 1938, pero que esta ley concebía al Estado como un latifundio de Trujillo, por lo que su interpretación evolutiva y conforme a la Constitución vigente rechaza esta acepción del Estado.
Los juristas han destacado que únicamente el Ministerio Público, como representante de la sociedad, podría reclamar indemnizaciones en nombre del Estado en el marco de procesos penales en los que se alegue la ocurrencia de hechos causantes de daños al patrimonio público.
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Además, pusieron como ejemplo a los órganos territoriales, la Cámara de Cuentas y al Tribunal Constitucional, que, a pesar de formar parte del elenco estatal, sus leyes respectivas descartan la posibilidad de que el presidente de la República disponga de su representación judicial.
Franco y Cury concluyen que el mandatario está facultado a confiar en la representación litigiosa de la Presidencia de la República como órgano de naturaleza unipersonal del Poder Ejecutivo, pero no la del Estado en sí mismo.
Por lo tanto, los abogados que dicen representar al Estado en los procesos penales seguidos a funcionarios de la pasada administración podrían estar actuando fuera del marco legal.
