La investigación contempla imputaciones por varios delitos de incluido el de asociación de malhechores.
El fiscal Osvaldo Bonilla de la ciudad de Santiago, República Dominicana, ha denunciado la falsificación de documentos judiciales como una afrenta al sistema de justicia. El caso involucra a dos empleados del Poder Judicial y un vendedor de fianzas que buscan variar la prisión preventiva impuesta por un tribunal contra un imputado de una estructura criminal.
Este martes la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente estaba revisando la solicitud que hizo el Ministerio Público para imponer la prisión preventiva y definir el proceso de tramitación complejo contra los cinco imputados, incluyendo a los dos empleados del Poder Judicial, Ariel Antonio Bencosme Reyes y Eddy Alberto Franco. También se espera que la investigación se amplíe para descubrir la extensión y el tiempo que llevaba operando la roja a espaldas de la ley.
La investigación contempla imputaciones por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y uso de documentos falsos en perjuicio del Estado dominicano. Los procesados falsificaban resoluciones, contratos de fianzas y otros trámites judiciales para favorecer a imputados de delitos graves como tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos y ciberdelitos.
El Ministerio Público espera que los tribunales den la importancia y la sanción debida en esta primera etapa, y se subsumen los hechos antes descritos dentro de los tipos penales en los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano, que contempla sanciones por los delitos antes descritos.
La audiencia de medidas de coerción contra los imputados fue aplazada para el próximo jueves debido a la solicitud que hizo uno de los abogados sumados a la defensa, que pidió tiempo para estudiar la imputación y preparar sus medios de defensa. El fiscal Osvaldo Bonilla enfatizó que daría una respuesta contundente porque se trata de una afrenta al sistema de justicia.
El caso demuestra la importancia de mantener la integridad y la transparencia en el sistema de justicia, y la necesidad de sancionar a aquellos que intentan corromperlo. La sociedad espera que se haga justicia y se restablezca la confianza en el sistema judicial.
