Santp Domingo.- El Ministerio Público de República Dominicana ha pedido al Tribunal Superior Administrativo (TSA) que se declare incompetente para evaluar las pruebas periciales en el caso que se sigue contra el extitular de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Luis Ernesto De León.
De León es investigado por su presunta participación en una red de corrupción administrativa que afectó a Edeeste durante el período en que estuvo al frente de la compañía (2012-2020). La investigación guarda relación con el caso seguido a Juan Alexis Medina Sánchez y otros acusados de la Operación Antipulpo.
El fiscal Yoneiby González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha solicitado a la TSA que declare inadmisible el recurso de nulidad de la auditoría practicada a Edeeste, que interpuso el acusado De León. Según González, los actos atacados son de mero trámite y deben ser evaluados por un juez penal.
El Ministerio Público sostiene que los documentos atacados se encuentran en la jurisdicción penal y fueron avalados por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Además, ha pedido al tribunal que rechace el pedimento de la parte recurrente debido a que no se vislumbra violación al debido proceso.
El tribunal, presidido por la jueza Luisa Canaan, se ha reservado el fallo respecto a una solicitud de sobreseimiento de la audiencia y ha otorgado un plazo de cinco días para que las partes presenten su escrito de defensa.
Caso Antipulpo: Juan Alexis Medina Sánchez y otros acusados presentados a juicio
El caso seguido a Juan Alexis Medina Sánchez y otros acusados de la Operación Antipulpo continúa avanzando en los tribunales. El pasado 7 de febrero, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió un juicio a los acusados por su presunta participación en una red de corrupción administrativa que afectó al Estado dominicano.
Según el expediente, Juan Alexis Medina Sánchez habría creado un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias al ser hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios. Se hubiera adjudicado a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferro.
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