El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión para varios de los imputados en esta trama de corrupción.
Santo Domingo. – El procurador adjunto, Wilson Camacho, afirmó que el Ministerio Público ha aportado pruebas más que suficientes para que el tribunal imponga prisión preventiva como medida coercitiva a los imputados en la red de corrupción de la Operación Calamar, tal como lo solicitaron. Camacho también señaló que los imputados han mantenido una postura de "defensa aérea" frente a las pruebas presentadas por el sistema judicial.
“En esta solicitud de medidas coercitivas, existen varias razones por las cuales se debe imponer la prisión preventiva. Algunas de estas razones están relacionadas con la gravedad de los cargos, los daños que deben ser reparados y las pruebas con que cuenta el Ministerio Público, que fueron incautados en los allanamientos” manifestó Camacho.
Explicó que varios de los imputados se infiltraron en la investigación del Ministerio Público y mostraron intención de afectarla, incluso perfilando a jueces.
“Estas y otras razones expuestas en el proceso, junto con las pruebas, son más que suficiente para que el Ministerio Público solicite prisión preventiva para las personas que ha señalado", dijo Camacho.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión para varios de los imputados en esta trama de corrupción. El fiscal subrayó que el juicio aún no ha concluido porque las defensas han evitado “aterrizar” en la realidad de lo que presenta la prueba del Ministerio Público.
“La razón principal por la que la audiencia no concluyó hoy (domingo) y tuvo que ser pospuesta para mañana (lunes) es que las defensas que se presentaron hoy se comportaron como drones, se quedaron flotando sin aterrizar en la causa”, dijo Camacho, quien habló a la prensa al salir de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Camacho destacó el nivel de evasión que plantean las defensas, afirmando que deberían ser reguladas por el Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil (IDAC).
“De hecho, el IDAC debería regular este tipo de ejercicios de defensas aéreas”, subrayó el titular de Pepca, quien estuvo acompañado en la audiencia de este domingo por la procuradora Adjunta Yeni Berenice Reynoso, y los fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena, and Jhensy Victor.
La petición de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contiene más de 3.000 páginas y más de 1.200 pruebas, que detallan cómo los integrantes de esta red malversaron más de 17 mil millones de pesos del Estado, que sumados a unos 2.1 mil millones de deuda administrativa, asciende a más de 19 mil millones.
De las 20 personas nombradas en la causa presentada por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, y Víctor Matías Encarnación han admitido su participación en esta estructura de corrupción desmantelada en la Operación Calamar.
En el caso también están involucrados el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el excontralor General de la República Daniel Omar Caamaño, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, continuará el conocimiento de la solicitud de medida de coerción este lunes a las 10:00 de la mañana.
