Un equipo entrenado por el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas se alista para tareas de desminado en el campo colombiano, azotado por conflictos armados que duraron décadas. En todo el mundo aún se registran 5000 o más víctimas por el estallido de minas cada año. Foto: Juan Arredondo/Unmas
A pesar de los esfuerzos internacionales, el uso de minas terrestres continúa en algunos países en situaciones de conflicto.
El Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) informó que en unos 70 países que han padecido conflictos armados, el suelo está contaminado por minas terrestres que amenazan a la población, incluyendo a civiles inocentes.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó este hecho como "un legado aterrador que ensucia las comunidades", en el marco del Día Internacional para la Concientización sobre las Minas y la Asistencia en la Acción contra las Minas.
A pesar de los esfuerzos internacionales para evitar el uso de minas terrestres, continúan colocándolas en algunos países en situaciones de conflicto.
Incluso países que han sufrido conflictos armados hace décadas, como Angola, Camboya, Laos y Vietnam, continúan lidiando con la contaminación de minas terrestres.
En América, Colombia ha sido asolada durante décadas por conflictos entre el Estado y otros grupos armados, lo que ha llevado a que entre 1990 y 2022 se registraran un total de 12,170 víctimas de minas antipersonales.
El uso de minas terrestres viola las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias por el costo en vidas y miembros de las víctimas.
Además, UNMAS ha observado un uso "nuevo y muy ampliado" de minas por parte de las fuerzas gubernamentales en Myanmar.
Asimismo grupos de milicias en países como la República Centroafricana y la República Democrática del Congo también las usan para atacar y aterrorizar a las personas.
El uso de minas terrestres viola las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias por el costo en vidas y miembros de las víctimas.
Además se impide que las comunidades accedan a tierras que podrían ser utilizadas para la agricultura o la construcción de hospitales y escuelas, así como a servicios esenciales como alimentos, agua, atención médica y ayuda humanitaria.
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