Manuel Sierra indica “La Ley Electoral 33-18 señala con toda claridad dónde deben ir los delitos de financiamiento electoral”.
Santo Domingo. -El abogado Manuel Sierra opina que el caso Calamar debería ser remitido a un tribunal especializado en asuntos electorales, en lugar del tribunal donde actualmente se está conociendo la medida de coerción.
Dijo que se ha estado actuando en base al principio de remisión y según la Ley Electoral 33-18, los delitos de financiamiento electoral deben ser conocidos por un tribunal especializado en asuntos electorales.
En ese sentido, consideró que donde se conocerá la medida de coerción del denominado caso Calamar es un tribunal incompetente
“La Ley Electoral 33-18 señala con toda claridad dónde deben ir los delitos de financiamiento electoral. Pero, hay un problema, una laguna jurídica y lo que se impone conforme a lo establecido por el legislador, es una sanción económica, una multa”, manifestó Sierra.
El abogado indicó que el Ministerio Público vinculado a la corrupción al parecer pretende buscar más de lo que el propio legislador ha creado y que, a su entender, el Ministerio Público que lleva el caso no es el competente para el caso, sino el vinculado a los asuntos electorales.
Destacó que se está haciendo una expansión penal y se asumen unos tipos penales por remisión olvidando del principio de especialidad, que es cuando hay una ley especial y se impone por encima de la ley general.
Consideró que donde se conocerá la medida de coerción del denominado caso Calamar es un tribunal incompetente
El abogado reiteró que se trata de un proceso cuyo móvil, señalado por el Ministerio Público, es que se trata de un financiamiento de campaña política, por tanto, el tribunal natural para conocer delitos que tienen que ver con asuntos electorales es el Tribunal Superior Electoral.
En ese sentido, dijo que ese tribunal tiene un Ministerio Público Electoral, por tanto, no puede ser el Ministerio Público vinculado a la persecución contra la corrupción ni el de la persecución de los miembros de ese organismo.
Destacó que la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) es la institución encargada de perseguir la corrupción administrativa y Yeni Berenice es la encargada de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“El propio estatuto 133-11 del Ministerio Público, la Ley Orgánica, señala cuál es el papel fundamental que tiene que jugar cada uno de esos actores y creo que hay una distorsión en ese sentido”, afirmó.
Precisó que se evidencia una seria división en la Procuraduría General de la República, evidente debido al “rosario de cartas” difundidas en los últimos dos años por la propia procuradora Miriam Germán Brito y que al buen entendedor pocas palabras le bastan.
El abogado Manuel Sierra fue entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.
