Aplazan juicio contra miembros de la Digesett que agredieron al Defensor del Pueblo 

El aplazamiento se produjo debido a que los acusados no disponían de representación legal.

El juicio contra Natanael Javier y Starling Ramírez Sierra, acusados de agredir al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y otros dos miembros del organismo, así como a representantes de la prensa, fue aplazado por la jueza Eveling Rodríguez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. La nueva fecha para el juicio es el próximo 25 de abril.

La razón del aplazamiento se debe a que los acusados no tenían representación legal, por lo que el tribunal decidió remitir el caso a la Defensoría Pública para que les asignen un abogado de oficio. Esto garantizará el derecho de defensa de los procesados y permitirá continuar con el juicio sin afectar el proceso legal.

Natanael Javier y Starling Ramírez Sierra son miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). El Ministerio Público les atribuye violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, que contempla penas de seis meses a dos años de prisión por golpes y heridas.

El tribunal decidió remitir el caso a la Defensoría Pública para que les asignen un abogado de oficio.

La acusación presentada por el Ministerio Público, sustentada por la fiscal litigante Yudelkis Utate, sostiene que los acusados agredieron física y verbalmente a las víctimas cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo acudió al Centro de Retención Vehicular conocido como Canódromo El Coco, de la Digesett.

El incidente tuvo lugar el 12 de abril de 2022 cuando Ulloa y sus ayudantes, en compañía de miembros de la prensa de diversos medios de comunicación, se disponían a realizar una inspección en el Canódromo tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos.

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dictó apertura a juicio contra Javier y Ramírez Sierra. Emitió un auto de no ha lugar en beneficio de la coronela Ysabelita de los Santos y Geraldina de los Santos Peña. También dispuso la libertad de Marisol Vargas, Rony Recio y Carlos Oliver Paulino y ordenó el cese de la medida de coerción que pesaba en su contra.