Aunque el consejo del INDOTEL contempla una representación de los consumidores, la realidad es que dicha representación siempre ha sido inorgánica,
La Ley 153-98 sobre telecomunicaciones resulta obsoleta en la actualidad, los cambios tecnológicos que se han producido en el campo de las telecomunicaciones, sugieren su modificación o su derogación, a los fines de actualizarla conforme a las transformaciones operadas, no solo en el plano tecnológico sino y, sobre todo, en el campo del comercio.
Resulta que la noción de comunicación telefónica ha quedado desbordada; sin embargo, sigue siendo la base de la misma. Es decir, lo ocurrido en el campo de las redes sociales no está contemplado en la misma sino que, por el contrario, dicha ley ignora los cambios operados desde la aparición del correo electrónico hasta los diversos servidores y las diversas redes sociales. Ahora la inteligencia artificial, plantea nuevos cambios profundos en el concepto de comunicación, dejando cada vez más en el pasado, la idea de comunicación telefónica a lo Graham Bell.
La Aldea global de Mcluhan es cada vez más visible. En cambio, dicha ley, no es capaz de reflejar esos cambios, sino que, por el contrario, deja abierta a las condiciones del mercado toda la gama de nuevos productos que constantemente está generando la tecnología. Como los boxes y los logaritmos teledirigidos. Sobre todo, en momentos en que se acerca una campaña electoral y, desde esas plataformas podrían producirse abusos contra competidores y usuarios de productos electorales por falta de regulación.
Parecería inocente la pervivencia de esta ley, pero, no es así, su secreto radica en que fue promulgada en un momento en donde el neoliberalismo era avasallante y el predominio de la concentración de capital predominante. De ahí que, hubo que luchar muy duro para conseguir extinguir el monopolio en las telecomunicaciones que poseía la empresa tradicional desde inicios del siglo XX.
Aunque el consejo del INDOTEL contempla una representación de los consumidores, la realidad es que dicha representación siempre ha sido inorgánica, no se vislumbra todavía un compromiso político en el sentido de que dicho asiento sea ocupado por una representante real de los usuarios, cosa que no sucede con la representación, en el mismo consejo de la representación empresarial.
El desequilibrio así conformado junto al hecho de que el Estado regulador resulta incomprensible, así como el Estado sancionador deviene inoperante cuando el violador de la ley es el oferente de servicios conjugan una mutual en la cual, el usuario resulta altamente lesionado por malas prácticas comerciales de los proveedores de estos servicios.
La mala práctica más extendida proviene de la inclinación a ofertar gracias sobre servicios que el usuario no requiere y en restringir los que si requiere, por ejemplo, el servicio de data se ha popularizado, pero las telefónicas insisten en otorgar grandes cantidades de minutos libres que el usuario no usa, al tiempo que minimizan y penalizan el uso de data. Igual ocurre con la tendencia a repostar en línea o con tarjetas denominadas “paqueticos”, en ambos casos, las telefónicas incurren en malas prácticas comerciales y el INDOTEL se hace el sueco.
Esto está ocasionando un desastre en el ámbito educativo, pues a todos los niveles de la educación, empieza a popularizarse la educación en línea y el teletrabajo, sin embargo, desde el INDOTEL, se desconoce esta realidad. De modo que la educación, como el teletrabajo y el comercio en línea en general, quedan troncados mientras las telefónicas maximizan ganancias con base a malas prácticas comerciales como las indicadas.
Muchos estados han optado por gravar las ganancias de estas empresas, al tiempo que, por ejemplo, han hecho gratuita la conectividad con fines educativos y comunicativos. Toda vez que se considera la conectividad como un derecho humano, una necesidad perentoria de la era que vivimos. A pesar de ello, el capitalismo salvaje imperante en la República Dominicana guarda silencio sobre estos asuntos.
Generalmente, las naciones en vías de transformación, obtienen dispensas que permiten la entrada a nuevas eras tecnológicas o bien los estados buscan vías para que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, no ocurran desfases que amplíen la denominada brecha digital. En el caso dominicano, no se observa que, esfera alguna del estado haya tomado consciencia de estas obligaciones suyas.
Solo se sabe que, la actitud del gobierno es violatoria a las normas y a los principios del Estado social y democrático de derecho que defiende la constitución de la república. No es concebible un estado social donde la conectividad no deje de ser un derecho para convertirse en una mercancía que opera solo en beneficio empresarial. Esto constituye una inequidad sin paragón en la era presente.
Esta actitud viene unida, al hecho de que los usuarios de servicios de telecomunicaciones desconocen el uso que se da al dos por ciento (2%) que se carga a su factura cada mes, supuestamente para realizar labores en beneficio y provecho de los usuarios de esos servicios. Antes, cuando menos se informaba sobre el monto de las sumas así recaudadas de un buen tiempo acá, ni siquiera eso se publica.
El Ministerio de educación, al igual que la MESCyT, deberían ocuparse por saber qué está pasando en el INDOTEL con los objetivos programáticos de la constitución propios de un Estado social y democrático de derecho. La propia universidad del Estado, como las universidades privadas y los centros privados de enseñanzas a todos los niveles, deberían preguntarse qué está sucediendo en el INDOTEL pues desde ese órgano se está violando la constitución en materia de conectividad y en materia de malas prácticas comerciales de los oferentes de servicios de telecomunicaciones sin que la regulación estatal ponga las cosas en su lugar.
Ahora que la inteligencia artificial viene en camino junto a un proceso electoral con elecciones en los tres niveles de elección: presidencial, congresual y municipal, se hace más necesario que nunca que, la ley de telecomunicaciones sea actualizada, que los derechos de los consumidores o usuarios sean protegidos desde las entidades públicas competentes y que la burocracia reguladora cumpla su rol. Se trata de órganos no solo deliberativos sino también resolutivos y sancionadores. DLH-8-4-2023
