La embestida va dirigida contra los centros escenario de las protestas en el 2018.
El Gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha emprendido una campaña contra las universidades, consideradas un símbolo de las protestas de 2018.
El Gobierno ha cerrado decenas de universidades y ha suspendido relaciones diplomáticas con el Vaticano, privado de nacionalidad a disidentes, expulsado a embajadores, clausurado ONG, medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Según el Índice de Libertad Académica 2023, que analiza factores como la autonomía institucional de las universidades o la libertad de expresión y de cátedra, Nicaragua se sitúa, de los 179 países que aparecen en el 'ranking', en el puesto 12 empezando por el final, entre Irán y China.
El deterioro en la libertad académica ha ido acompañado de otras medidas por parte del Gobierno que, además de cerrar decenas de universidades, alegando "faltas administrativas", ha suspendido relaciones diplomáticas con el Vaticano, ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
La reforma de la Ley de Autonomía en marzo de 2022 permitió al Consejo Nacional de Universidades (CNU) ser el único órgano administrativo de la educación superior, bajo el control del Estado.
Ernesto Medina, expresidente del CNU, afirma que cerrar universidades por supuestos errores administrativos es un "sinsentido".
Medina señala que en 2018, el Gobierno emprendió una serie de acciones en represalia por no apoyar en las elecciones al Rectorado y Decanato a determinados candidatos, especialmente sandinistas.
La Justicia tampoco es una solución, ya que no hay separación de poderes. David Gómez Gamboa, director de la ONG Aula Abierta, afirma que el poder legislativo promulga una serie de leyes para garantizar el control de las universidades.
Nicaragua canceló la nacionalidad a 94 afectados por un supuesto delito de "traición a la patria". La decisión fue criticada por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Medina, uno de los afectados, afirma que, aunque la Justicia internacional no está obligada a aceptar la nacionalidad de un Estado, esta decisión es un "ataque al principio de igualdad ante la ley".
