Dice que si lo contemplará sería “inconstitucional
Santo Domingo. El director ejecutivo de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), Claudio Caamaño Vélez, rechazó que el proyecto de Ley de Agua de República Dominicana que promueve el Gobierno plantee la privatización del recurso como se ha estado discutiendo, porque sería “sencillamente inconstitucional”. Aclaró que, por el contrario, el propósito de la legislación es regular, hacer eficiente y sostenible el recurso hídrico en el país.
“El que diga que el proyecto tiene la intención de privatizarla, está diciendo que el Gobierno está preparando una ley inconstitucional, y que los senadores, los diputados y el Congreso van a aprobar una ley que riñe con la Constitución”, advirtió.
Caamaño Vélez recordó que el artículo 15 de la Constitución establece que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, y que da prioridad al consumo humano sobre cualquier otro uso.
Así lo explicó durante un debate en el programa “Esta Noche Mariasela”, en el que abordó los aspectos más relevantes del referido proyecto, junto a la abogada Marisol Castillo, el especialista en asuntos sanitarios Julio Suero Marranzini y la experta en agricultura ecológica Altair Rodríguez.
Durante su intervención, defendió la propuesta de la legislación de crear la Autoridad Nacional del Agua como órgano rector único, para corregir la atomización del sector.
Agregó que este ente descentralizado, con autonomía técnica, funcional y administrativa, asumiría además todo lo que tiene que ver con la permisología, y estaría compuesto por un consejo directivo que incluye a los ministerios de Medio Ambiente, Energía y Minas, Economía, Agricultura y Salud Pública.
En ese sentido, el titular de TNR sostuvo que la Autoridad Nacional del Agua evitaría también que las entidades involucradas con el recurso sean juez y parte en su gestión.
Finalmente, destacó que el mundo se avecina a una situación de escasez de agua y alimentos producto del impacto del cambio climático, por lo que el país tiene que prepararse fortaleciendo la institucionalidad del sector, que es el propósito de la pieza legislativa.
