El ex director de la Opret había pedido al TSA que ordenara a la Cámara de Cuentas darle acceso a un informe de la referida oficina.
La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisible la acción de amparo presentada por Diandino Peña, exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), que buscaba obtener acceso a un informe de su gestión en esa institución.
El fallo se dio luego de que el tribunal aceptara la solicitud del Ministerio Público y las partes accionadas, que argumentaron que la petición era notoriamente improcedente.
El TSA, conformado por los jueces Antonio Sánchez Mejía, Franny González y Alina Mora, recibió la petición de Peña por intermedio de sus abogados el 10 de febrero de 2023.
El exdirector de la Opret buscaba obtener acceso a un informe de la auditoría realizada durante el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, en el marco de la investigación especial sobre la construcción del Metro de Santo Domingo.
El fallo del tribunal supone una derrota para Peña, quien argumentaba que tenía derecho a acceder al informe de la Cámara de Cuentas para defenderse de las acusaciones de corrupción en su gestión en la Opret.
El caso pone de relieve la importancia del acceso a la información pública en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
En este sentido, la decisión del tribunal puede ser vista como un retroceso en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, ya que limita el acceso a la información pública y puede ser interpretada como una restricción a la libertad de prensa y el derecho a la información.
Es necesario recordar que Diandino Peña estuvo al frente de la Opret durante la construcción del Metro de Santo Domingo, una obra que ha sido objeto de críticas y controversias en los últimos años.
En este contexto, el acceso a la información pública adquiere una relevancia crucial para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y prevenir la corrupción.
A pesar de la decisión del TSA, el caso de Diandino Peña y la lucha contra la corrupción en República Dominicana seguirán siendo objeto de debate y análisis por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación.
La transparencia en la gestión pública y el acceso a la información son fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar la rendición de cuentas de las autoridades.
