El presente gobierno lleva a cuestas el lastre de un ministro ambiental asesinado en su despacho.
El cambio climático es una realidad lacerante, a nadie cabe duda de que la humanidad se encuentra ante una nueva era geológica en la que, por vez primera, el factor humano es el desencadenante del desastre. Es decir, el denominado planeta feroz tiene un comportamiento intrínseco en el cual la destrucción constructiva tiene un rol permanente. Aquello de que nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma, huela a lo mismo dl filosofo de acuerdo con el cual nadie se baña dos veces en el mismo río. Todos somos ecologistas y protectores del medio ambienta hasta que tocan nuestros intereses económicos. Es decir, la doble moral reina en todos los planos y, muy particularmente, en materia de política ambiental.
El presente gobierno lleva a cuestas el lastre de un ministro ambiental asesinado en su despacho. Muchos pensaron que ese acontecimiento pondría tierra rasa en la materia ambiental. Su sustituto fue una persona de quien nadie tenía objeción, por tanto, se llegó a pensar que vientos nuevos legaban a dicho ministerio; sin embargo, la realidad ha sido otra. El medio ambiente sigue descuidado: la política anti ruido no funcional; los ríos siguen siendo devastados como nunca, el lavado de vehículos en su lecho y el lanzamiento de plásticos y todo tipo de deshechos, es norma cotidiana; los bosques carecen de protección, el desmonte es una competencia en la cual el dueño de un terreno tiene que ser raudo y veloz antes de que extraños roben los arboles maderables de su finca sin que tenga la opción de reclamar con garantía una respuesta adecuada. Las costas y playas del país no están debidamente protegidas contra los depredadores de mangles, flora y fauna del litoral, por el contrario, indirectamente, incluso desde el gobierno, como puede observarse en la frontera sur como en la frontera norte, el gobierno se presta a depredar los mangles.
Cualquiera podría estar tentado a pensar que los funcionarios del actual gobierno no han viajado a países que como Estados Unidos si poseen una política de protección a su flora y a su fauna; sin embargo, la realidad es que, si lo saben, si témenos leyes para combatir estos flagelos. De lo que si carecemos es de una adecuada política ambiental protectora de nuestros recursos. La ley de ordenamiento territorial es una anti ley de protección territorial a los predios agrícolas, ganaderos, áreas protegidas y flora y fauna. Se trata, concretamente, de una ley dictada por los intereses urbanísticos y mineros del país. Se sabe que, se desea depredar San Juan de la Maguana para que pase a ser de granero del sur, en minería del sur: Lo que no se explica es qué pasará con el agua de la población. Acremente, se dice, que la población podría disfrutar de la propiedad absoluta del agua lluvia y disponer de esta a su antojo.
Lo que no se dice es que, el agua potable de la región pasaría a ser concesionada a las empresas mineras que allí se instalarían. Por igual, el río Yuna agoniza, como también agonizan los ríos Yaque del norte y yaque del sur. La concesión es el concepto jurídico con el cual se encubre la privatización que generalmente implica toda concesión; igualmente, todo fideicomiso implica una traslatio de la propiedad al fin del fideicomiso. Así concesión y fideicomiso constituyen un dúo mediante el cual el agua puede ser transferida al sector privado en olímpico desprecio por la normativa constitucional que prohíbe tal desatino.
Los poderes del gran tablero mundial, han conseguido burlar los ordenamientos jurídicos y constitucionales de las naciones pequeñas, mediante el uso de estratagemas legales supra estatales que hacen añicos a las propias constituciones de los Estados nación. Pero allí donde existe una política ambiental bien definida y mejor ejecutada, queda poco espacio a la especulación hegemónica del capitalismo salvaje internacional. De ahí la necesidad de este de desacreditar las políticas públicas nacionales del sector público. Por ello, no se deja languidecer al sector público hasta que, premeditadamente, sea rescatado por el sector privado.
Pero ocurre que, en los momentos actuales, el mundo transita hacia la desprivatización. Es decir, ha quedado establecido que las políticas privatizadoras son anti democráticas que, en lugar de fortalecer el sistema democrático lo debilitan. En grado sumo. Se habla de una nueva ola autoritaria como consecuencia del socavamiento que viene sufriendo el régimen democrático de parte de aquellos que están llamados a ser sus soportes más generosos.
Si queremos agua potable, si queremos agricultura y ganadería, es decir producir alimentos para nuestra población y para el mundo, si queremos proteger la vida en el planeta, necesitamos de políticas ambientales dignas bien ejecutadas y mejor aplicadas. El país ni el mundo, se pueden permitir la destrucción de la diversidad biológica sin incurrir en suicidio. DLH-16-4-2023
