Genera mucha preocupación la muerte del niño Gioser Luis Feliz, de 9 años, tras ser atacado a tiros el vehículo en el que se desplazaba al llegar al país con su familia desde los Estados Unidos. Digo preocupante, porque se trata de un acontecimiento que consterna a sociedad.
El crimen se le atribuye a seis sujetos de mala leche apresados por la Policía Nacional que pretendieron, sin éxito, despojar 20 mil dólares y otras propiedades valiosas al padre del menor, según detallaron las autoridades.
Casos como este son recurrentes en República Dominicana. Los registros periodísticos nacionales dan cuenta de otros hechos similares cometidos por gatilleros desaprensivos, delincuentes de mentalidades putrefactas, basuras humanas, que circulan las calles bien armados atracando a ciudadanos inocentes para obtener dinero fácil que utilizan en la compra de ropas caras y drogas.
En el mes de abril ya suman cuatro los crímenes de niños, niñas y adolescentes, sucesos que ponen de manifiesto una escalada de violencia contra ese conglomerado que, además, sufren constantes denuncias de abusos sexuales y maltratos.
Recordamos la muerte, el 15 de abril de 2023 por impacto de bala, de la adolescente Carla Maribel Concepción, de 14 años, luego que unos sujetos dispararan a una persona en la calle con intención de matarla. La joven fue alcanzada en el cráneo por dos balas perdidas.
El de Donaly Joel Martínez, de 11 años, fue otro de los hechos conmovedores. El 5 de febrero de este año, falleció luego de ser herido, accidentalmente, por un miembro de la policía preventiva durante la celebración del Carnaval de Santiago, en una discusión entre el padre de la víctima y un agente por el alto volumen de la música en un vehículo del progenitor.
De igual manera, citamos el deceso de la adolescente Esmeralda Richiez Martínez, de 16 años, el pasado 13 de febrero. Murió desangrada en el baño de su habitación, luego de haber salido con su maestro de matemáticas, el primo de este y otras compañeras de escuela.
Esas eventualidades están ocurriendo a la par con la violencia de género y otras acciones que han provocado muchas muertes. Al parecer, llevamos adentro un demonio que nos controla los sentimientos y nos ordena matar sin discriminación. La sociedad dominicana está repleta de personas violentas e intolerantes que asesinan hasta por un simple roce a un vehículo o por un parqueo. Hay armas en manos de los civiles, obtenidas de manera ilegal, que son utilizadas por delincuentes para cometer crímenes.
Fijemos la vista, por ejemplo, en algunas ciudades estadounidenses y europeas. Las estadísticas indican que un promedio de 50 personas mueren cada día en Estados Unidos, sin contar los suicidios, por incidentes donde hay involucradas armas de fuego.
Las balaceras masivas son una pequeña parte del marco general de acciones violentas con armas compradas en negocios autorizados. En Estados Unidos, el principal requisito para obtener una pistola, un revólver, un rifle, es haber cumplido 18 y 21 años y no tener antecedentes penales o psiquiátricos. Así es de fácil la cuestión. Es la causa de tantos tiroteos repentinos, con balances trágicos, en las escuelas o lugares muy concurridos.
Las normativas para esas compras varían entre la ley federal y las leyes estatales. En algunos estados como Alaska, Maine, Minnesota y Vermont, la edad permitida para adquirir un artefacto balístico es de 16 años.
Debido a esas facilidades, la mayoría de los norteamericanos son portadores en sus hogares de armas de diferentes calibres. Esas condiciones les da protección para defenderse, pero también las emplean de forma errática o accidental contra ciudadanos inocentes.
Son numerosas las historias de individuos agredidos en incidentes por portadores de armas. Le han disparado a alguien por tocar el timbre de su casa por equivocación; por entrar equivocadamente en un vehículo a la entrada de una marquesina; por abrir de manera errática en un estacionamiento un auto que no era suyo; o el caso de un vecino que se disgusta y dispara a otro porque una pelota de baloncesto de un niño cayó en su jardín.
La segunda enmienda de la Constitución norteamericana garantiza a los estadounidenses el derecho a las armas de fuego, aunque el alcance de ese privilegio es un tema de un gran debate político y legal que data de décadas.
El conflicto que causan los tiroteos masivos está polarizado en Estados Unidos. En Europa la situación es parecida, aunque con menos frecuencia. Los partidarios del derecho a las armas rechazan las restricciones legales, mientras que los defensores de un mayor control continúan presionando por leyes que limiten el acceso.
Los conservadores, que a menudo apoyan los derechos de la segunda enmienda, culpan de la violencia a una crisis de salud mental más amplia y al aumento de la delincuencia. Los liberales señalan los altos niveles de acceso a los instrumentos bélicos como la causa de ese fenómeno social.
Analizando esa realidad, sin apasionamiento de ninguna índole, preciso es concebir que, por lo visto, las calles en el mundo son inseguras desde que se abrieron las posibilidades de conseguir de forma legal armas de fuegos de todos los calibres, las que también son introducidas a los países por vías ilegales. Esa es la peor parte del dilema.
A resumidas cuentas, estamos hablando de un devastador proceso global de violencia, fruto de una desenfrenada desvalorización de la vida humana.
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