El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, seguirá en arresto domiciliario con grilletes electrónicos, impedimento de salida e imposición de garantía económica.
Así lo decidió el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tomando el pedimento del Ministerio Público y considerando que las medidas de coerción actuales son idóneas y pertinentes para garantizar la finalidad del proceso.
El magistrado Amauri Marcos Martínez Abreu, en sus motivaciones jurídicas, destacó que las documentaciones presentadas para obtemperar una variación a las medidas ya impuestas fueron consideradas insuficientes.
Por lo tanto, se realizó una prueba de proporcionalidad en comparación con la gravedad del hecho imputado, la importancia o magnitud del daño personal o social que deba ser resarcido y la posible pena en caso de condena.
Además, el tribunal ponderó que la puesta en libertad del investigado podría frustrar las multas del proceso y conllevar riesgos relevantes para el mismo, ya que el peligro de fuga es multifactorial.
Por lo tanto, no variando las circunstancias para hacer cesar la medida de coerción que pesa sobre el imputado, no se exactamente adecuado variar las medidas de coerción actuales.
Jean Alain Rodríguez Sánchez está siendo investigado por presuntas irregularidades en su gestión como procurador general de la República durante el período 2016-2020. El Ministerio Público lo acusa de asociación de malhechores, soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, entre otros delitos.
Cabe destacar que el exprocurador ha negado rotundamente todas las acusaciones en su contra y ha asegurado que su detención y acusación son parte de una campaña de difamación en su contra. No obstante, el Ministerio Público ha sostenido que cuenta con pruebas necesarias para sostener las acusadas en su contra y continuar con la investigación.
En resumen, el Tribunal ha ordenado mantener las medidas de coerción impuestas al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, considerando que son idóneas y pertinentes para garantizar la finalidad del proceso en su contra.
La decisión se tomó después de evaluar diversos factores, incluyendo el peligro de fuga y la gravedad de los delitos que se le imputan.
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