En el caso dominicano, y dado que el actual gobierno dice estar efectuando una política anticorrupción, la labor de la Cámara de Cuentas se hace compleja.
La más breve y corta definición de la política es la que da cuenta de que la política es la ciencia que estudia y lucha por el control de los recursos -siempre escasos-, de una sociedad dada, en un momento dado. Esto implica que, desde siempre, el Estado accede a los fondos de los particulares con el objeto de que estos sean empleados, no en enriquecer a los funcionarios que los administran, sino que sean devueltos a los ciudadanos en obras públicas que satisfagan necesidades colectivas. Para comprobar que así se hace, existe la Cámara de Cuentas. Es el órgano fiscalizador externo del Estado, fiscaliza el buen uso de los recursos públicos. De modo que, nos encontramos ante un órgano que cumple una función esencial bajo cualquiera forma de estado.
En el caso dominicano, y dado que el actual gobierno dice estar ejecutando una política anticorrupción, la labor de la Cámara de Cuentas se hace compleja, debe prevenir que los actuales funcionarios públicos hagan un uso no permitido por la ley de los mismos, es decir debe evitar la ocurrencia de uso inadecuado de fondos públicos y perseguir la corrupción en calidad de órgano técnico. Es decir, la Cámara de Cuentas es la que hace prueba de la idoneidad o no del manejo de los recursos públicos mediante informes de auditorías que pasan entonces a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o al órgano que la haya solicitado, luego se otorga por virtud de la Ley 340-06, un plazo para que el o los afectados se refieran a los hallazgos de la Cámara de Cuentas; después, el asunto pasa al Ministro de Hacienda y, es este funcionario quien apodera a la jurisdicción administrativa o judicial competente para determinar la existencia o no de un delito culposo. No siempre una falta administrativa es un delito, puede ser un incumplimiento contractual o una falla administrativa que podría corregirse. En los casos de violaciones contractuales, el tema es de orden administrativo o civil, pero de ordinario ocurre que puede dar lugar a delito o al crimen de corrupción, en cuyo caso el expediente debe ir al Ministerio Público.
Lo anterior significa que la política anticorrupción es dependiente de los hallazgos que establezca la auditoria o informe de la Cámara de Cuentas. Lo cual significa que el desprestigio de la Cámara de Cuentas hace inútil o jurídicamente improcedente sus informes. Dicho con otras palabras, la política anticorrupción del presente gobierno podría estar cayendo estrepitosamente en el fango del desprestigio de unos miembros de la Cámara de Cuentas que han faltado a su juramento. De ahí la necesidad de que: si realmente quieren hacer un servicio al país, deben renunciar porque cada día que permanecen allí, están complicando más la función judicial persecutoria del delito de corrupción del Ministerio Público. Más aún, están desacreditando al gobierno.
A pesar de que estos funcionarios dependen del poder legislativo. No obstante, como su función esencial es fiscalizar los recursos que maneja el poder ejecutivo, no cabe duda de que la desgracia de la Cámara de Cuentas es buena noticia para los corruptos pasados como para los presentes y un daño inmenso para el gobierno, para el pueblo.
Así, la opinión pública ha de saber que la política anti corrupción no es vista con buenos ojos por políticos de partido de gobierno, ni por los de la oposición. De ahí que, ningún partido se ha pronunciado sobre la persecución a la corrupción, pero la mayor presión que recibe el presidente de la república viene de su propio partido, allí se le acusa de estar unificando a la oposición con su política anti corrupción. Dicho de otro modo, muchos de los funcionarios del actual gobierno y del partido de gobierno no creen en la campaña anti corrupción del gobierno ni están de acuerdo con ella. Como se comprenderá, este tipo de políticos son los que sacan a los gobiernos del poder y son también los que conspiran contra el sistema democrático, puesto que con su posición violan la constitución de la república.
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El tema es bastante delicado, por expresar que los partidos políticos no están cumpliendo su rol, pues la política anti corrupción tiene el mismo valor en Latinoamerica que, el que tiene en Europa la restricción a un derecho constitucional como el que por estos días tiene al pueblo francés en las calles de Paris: las restricciones al derecho constitucional a la edad de pensión; o a las cláusulas pétreas que sobre el autoritarismo tienen allí las constituciones o, las que en Suramérica establecen cláusulas de igual naturaleza contra el militarismo y la violación a los derechos humanos. Alguien podría afirmar que los tribunales dominicanos no se han pronunciado todavía sobre la naturaleza de ciertos derechos y sobre las cláusulas pétreas de ciertas conductas. Cierto, sin embargo, entendemos que esto será cuestión de tiempo. En caso contrario, desaparecerá primero el sistema de partidos y, luego perecería la democracia misma.
Por tanto, lo que ocurra finalmente con la Cámara de Cuentas tendrá una repercusión significativa sobre las elecciones del próximo año, al grado de que, no pocos observadores opinan diferente a los del partido de gobierno que si el gobierno, no combate la corrupción como lo prometió en campaña, sus posibilidades de seguir en el poder disminuirán proporcionalmente. Esta es mala noticia para los corruptos del gobierno y de la oposición, sin embargo, es un imperativo sistémico que podría llevar por ante el banquillo de la historia al presente gobierno si no asume la responsabilidad histórica que le corresponde asumir.
Otro síntoma de que la política anticorrupción podría estar siendo desmontada ahora motorizada por la campaña electoral que se avecina es la que el Ministerio Público tiene también una crisis funcional en razón de que se ofertan 90 plazas a fiscalizadores cuando la deuda con estos profesionales abarca a más de 300 fiscales. Esta situación es meramente presupuestal, por tanto, es obvio que se está ahogando a la política anticorrupción desde diferentes ángulos administrativos. Se trata de una decisión política no expresa, pero sí real en la parte operativa.
Debido a este, es que urge una solución pronta y oportuna del viejo cuerpo de los integrantes actuales de la Cámara de Cuentas. DLH-8/5/2023
