Está en juego la lucha contra la corrupción y la impunidad del pasado, del actual gobierno y de futuros administradores estatales.
Tomada en el pasado y penetrada e inmovilizada actualmente, la Cámara de Cuentas provoca reclamos de juicio político, “remedio”, que agravaría su enfermedad operativa con serias consecuencias institucionales que impactarían otros órganos y ámbitos de poder.
El comportamiento de miembros y miembras del órgano de control induce a unirse al coro punitivo (¡Crucifíquenlos!) pero con un bloque de hielo en la cabeza hay que pensar en lo que sobrevendría en medio de un cada vez más rudo proceso electoral.
Es saludable. en este orden, los esfuerzos y acercamientos de dirigentes de varias fuerzas políticas que, según mis fuentes, exploran salidas que destraben la Cámara de Cuentas, haya entendimientos mínimos y hasta la posibilidad de la modificación de su ley, que se ha identificado uno de los principales problemas de la infuncionalidad del órgano.
Está en juego la lucha contra la corrupción y la impunidad del pasado, del actual gobierno y de futuros administradores estatales, si muere la credibilidad del principal órgano de control del Estado.
Al margen de la situación de ingobernabilidad que propicia la ley, la crisis actual no solo abarca inmadurez, egos y falta de inteligencia emocional, sino que vinculados a casos de corrupción han penetrado la Cámara de Cuentas.
El anterior equipo directivo con sus vergüenzas a rastras admitió que se maquillaban auditorías por presiones oficiales, peritajes que aquellos vinculados al peculado tratan de que se validen en la actualidad, lo que enfrenta a los integrantes e inmoviliza la Cámara de Cuentas.
Este cuadro obstruye las investigaciones de casos de corrupción que realiza el ministerio público, que desesperado allanó las instalaciones del órgano de control cuando lo presidía Hugo Álvarez Pérez y que hace semanas provocó la visita de la procuradora general, Miriam Germán y la directora de persecución, Yeni Berenice Reynoso al actual presidente Janel Ramírez y demás integrantes. Siguen a la espera de las auditorías.
Ramírez ha rehusado firmar decenas de auditorías, que la anterior gestión admitió como maquilladas, mientras integrantes del pleno de la Cámara de Cuentas frenan otras realizadas actualmente, además de investigaciones especiales solicitadas por el ministerio público.
En la desafortunada crisis han mediado numerosas personalidades, congresistas y políticos, logrando solo bajar la temperatura de la olla de grillos, ocasionalmente.
La acusación de acoso laboral, luego convertida en acoso sexual por intervenciones forzosas y “voluntariosas” de políticos, contra Ramírez, asumida por algunos como parte de una trama de acoso y derribo, más su reciente declaración de que se siente “un preso de confianza” y de que en muchas ocasiones hace lo que diga el pleno “aunque vaya en contra de la ley” han disparado las alarmas.
Muchos, includios algunos de los que eligieron a los actuales integrantes del órgano, piden juicio político, mientras la Cámara de Diputados, que instruye los casos para ese procedimiento constitucional, conocerá mañana varios proyectos de resolución para que abra una indagación y se “investigue todo lo relativo a lo que está aconteciendo en la institución”, como precisa la propuesta de Alfredo Pachecho, presidente de los diputados.
El momento electoral desaconseja involucrarse en un proceso de juicio político y luego en una nueva selección de miembros de la Cámara de Cuentas y los posibles inventos de descalificar a los apartidistas y volver a los dirigentes políticos.
El presidente Luis Abinader expresó su preocupación ante preguntas de periodistas, pero no aventuró otros juicios.
Participación Ciudadana emitió un documento con sugerencias, en el que dice que los miembros de la Cámara de Cuentas están obligados a entenderse y plantea la modificación de la ley, ya que “el presidente solo lo es de nombre”.
Cuidado con las salidas “creativas…
