El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se encuentra enfrentando una serie de desafíos que ponen en riesgo su supervivencia política en el país.
La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado un importante paso hacia la realización de un juicio político en su contra, lo que abre distintos escenarios para Lasso, entre los que se encuentran su supervivencia política, su descripción inmediata o la opción de recurrir a un recurso constitucional conocido como "muerte cruzada", que implica la renovación de todas las instituciones del país, incluyendo la Presidencia y el Parlamento.
El juicio político se basa en una acusación de blanqueo de capitales derivado de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec, el cual, según la Contraloría, ocasiona un perjuicio económico al país de aproximadamente 6,1 millones de dólares. Aunque el contrato fue suscrito en 2020 durante el gobierno de Lenín Moreno, Lasso, quien asumió la presidencia hace dos años, sostiene que no existen pruebas en su contra y considera que esta campaña en su contra tiene más motivaciones políticas que legales.
A pesar de los argumentos de Lasso, la oposición continúa avanzando y reunirá 88 votos a favor del juicio político, superando así los 70 votos necesarios de los 137 legisladores. Lasso deberá presentarse ante la Asamblea Nacional, tal como ya había anunciado previamente, para exponer su caso y defender su inocencia antes de una segunda y definitiva votación. En esta segunda votación se solicitarán al menos 92 votos a favor para su devolución automática.
En caso de que la oposición alcance esta cifra, Guillermo Lasso sería destituido de su cargo y el vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la presidencia hasta el final del mandato en 2025, sin necesidad de convocar elecciones nuevas, ya que esto está contemplado en la Constitución.
Si no se alcanzan los 92 votos necesarios, el presidente Lasso se mantendría en el cargo y quedaría protegido de futuras evidencias por los mismos motivos.
El tercer escenario, conocido como "muerte cruzada", es una opción factible en caso de que Lasso vea amenazada su continuidad. Esta fórmula está consagrada en la Constitución de 2008 y el presidente ha mencionado en varias ocasiones durante las últimas semanas. Según esta disposición, el jefe de Estado tiene la facultad de disolver la Asamblea si considera que existe una "grave crisis política" en el país.
El mecanismo, que nunca ha sido invocado, implica que salten por los aires todas las instituciones, ya que supone la convocatoria de elecciones parlamentarias, pero también presidenciales. La oposición le ha advertido a Lasso de que recurrir a esta vía aumentaría aún más la tensión política y social, pero el mandatario no sólo ha coqueteado con ella sino que ha sugerido que, si hay comicios anticipados, será de nuevo candidato.
En este caso, el Consejo Nacional Electoral debería convocar en un plazo de siete días la doble cita electoral, que implicaría renovar de nuevo los dos poderes aunque sólo "para el resto de los respectivos períodos". En este periodo interino entre la disolución y la celebración de las elecciones, el presidente tiene potestad para emitir "decretos-leyes de urgencia económica", previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso que ha visto cómo su popularidad ha descendido en los sondeos. Aun así, cerca de un 39 por ciento de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5 por ciento que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5 por ciento que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.
Más del 28 por ciento de las 1.900 personas entrevistadas para este sondeo respaldan que invoque la 'muerte cruzada'.
