El funcionario judicial hizo estas declaraciones el viernes por la noche, expresando su preocupación por el intento de retrasar el proceso.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho criticó duramente la recusación presentada por la defensa del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto al juez que lleva el caso de la Operación Medusa, calificándola como un acto de litigio temerario y chantaje procesal.
Camacho hizo estas declaraciones el viernes por la noche, expresando su preocupación por el intento de retrasar el proceso.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que esta recusación fue presentada con el único propósito de evitar la contundencia de la acusación del Ministerio Público. Además, destacó que el juez ha demostrado imparcialidad al conceder al acusado el cese de la prisión preventiva y otorgarle plazos y resoluciones favorables en el pasado.
Camacho también lamentó que se acuse al juez de llevar el proceso demasiado rápido, cuando en realidad han transcurrido nueve meses desde la primera audiencia preliminar en agosto de 2022. Afirmó que esta acusación es infundada y solo busca retrasar el caso.
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuó la audiencia preliminar después de haberla pospuesto el pasado 29 de abril debido a numerosos incidentes presentados por las defensas de los acusados.
El caso de la Operación Medusa implica al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa durante su mandato de 2016 a 2020. Además de Rodríguez, el expediente incluye a varios exfuncionarios y personas relacionadas con el Ministerio Público.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos por diversos delitos, excluyendo cobertura de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos. El Ministerio Público ha presentado una acusación sustentada en un extenso expediente de 12,274 páginas y más de 3,500 pruebas, que involucra a 41 personas físicas y 22 empresas.
El proceso continúa y se espera que se lleve a cabo el análisis detallado de la evidencia presentada para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
